A un año de la “tragedia de Mariana”: inventamos o erramos

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Por Lola Melendi

Este sábado 5 de noviembre se cumple un año desde que una avalancha de -digamos- barro, se llevó puestas diecinueve personas, tres pueblos y la cuenca entera del Rio Doce, desde la ciudad histórica de Mariana, en Minas Gerais, hasta el mismísimo océano Atlántico, 800 km al este. El año que pasó fue suficiente para acusar, juzgar y destituir a la presidenta Dilma Rousseff, pero por la “tragedia de Mariana” todavía no hay responsables. La llaman así, o “rompimento da barragem de Fundão”: como si una avalancha de basura tuviera la entidad de un viento, de una lluvia. Cosas que pasan.

Fundão era un dique de cola; un cráter del tamaño de 257 canchas de fútbol, donde la empresa Samarco guardaba ad eternum lo que le sobraba del proceso de extracción de hierro. Ese dique cedió, y volcó su contenido arenoso sobre el Santarem, en el que se almacenaban 7 millones de metros cúbicos de agua usada. La avalancha arrastró los pueblos de Bento Rodrigues, Paracatú de Baixo y parte de Barra Longa, alcanzó el rio Gualaxo do Norte y, desde ahí, siguió hasta el Rio Doce. Para cuando llegó al Atlántico, el barro ya era una argamasa de agua, tierra, hierro, cuerpos, casas, y toneladas de peces muertos; un magma naranja que desaguó en el mar, el 22 de noviembre de 2015, acompañado por un cortejo de botes enlutados. Todos los pueblos de esa cuenca son hijos del hierro; nacieron por y para la Companhia Vale do Rio Doce, aquella empresa estatal que fue pilar de la industrialización y que hoy, reconvertida en poderosa multinacional, vuelve al origen para dar la cara por el desastre que mató a su gente y a su río. La mitad de las acciones de Samarco pertenecen a “la Vale”.

El año que pasó fue suficiente para acusar, juzgar y destituir a la presidenta Dilma Rousseff, pero por la “tragedia de Mariana” todavía no hay responsables

El expediente judicial tiene más de diez mil hojas, que si alguien tuviera tiempo de leer, difícilmente entendería. Había un informe de 2013 que alertaba sobre la posibilidad de que esto ocurriera, pero ¿quién debía hacer qué cosa al respecto? El día del rompimiento se registró un temblor, ¿fue causa o consecuencia? En todo caso, ¿la responsabilidad era de la empresa, del ingeniero, de los inspectores, del gobierno? ¿Quiénes son las víctimas de un crimen ambiental? ¿Se puede resucitar un río? Estas preguntas, y las pericias que implican, se enganchan una tras otra en un diálogo sin fin. Las víctimas aceptan lo que las empresas tengan para dar. El rio no va a volver mañana, y nadie puede esperar para comer. Samarco y sus dueñas -Vale y BHP Billiton- despliegan un poder de iniciativa que va a ser tratado por muchas tesis de doctorado. Quien busque información encontrará, primero, lo que ellas tengan para decir.

No hubo universidad ni institución estatal en Brasil que tuviera el conocimiento específico necesario para pronunciarse sobre las causas del rompimiento. El Ministerio Público de Minas Gerais encargó su diagnóstico a la empresa Geomecânica, y al Norwegian Geotechnical Institute, una fundación noruega. Samarco, Vale y BHP Billiton contrataron a la consultora Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que armó un panel de expertos internacionales, cuyas credenciales son haber investigado los “desastres” de Omai (Guyana, 1995), Aznalcóllar (España, 1998) y Mount Polley (Canadá, 2014). Las poquísimas personas en el mundo que saben diseñar estos diques son las mismas que enseñan a hacerlos, y que evalúan las responsabilidades cuando algo sale mal. El caso de Mount Polley es una perla: tras quedar libre de cargos, la operadora Imperial Metals demandó a las empresas de ingeniería en las que había tercerizado la construcción y el monitoreo de los diques que colapsaron.

Los informes sobre el rompimiento de Fundão están disponibles en internet. Hay videos, gráficos, simulaciones, largos textos que analizan las posibilidades de cada hipótesis: que haya sido consecuencia de un pequeño movimiento sísmico, resultado de la acción erosiva de corrientes subterráneas, fruto de un exceso de velocidad en la acumulación de deshechos, todo así: tecnicismos nunca concluyentes. Hace unos días, el Ministerio Público Federal denunció a veintiún directivos de Samarco y un ingeniero de la consultora VogBR, por homicidio con dolo eventual y la falsificación de un laudo. Las empresas están acusadas de haber cometido nueve crímenes ambientales; se supone que deberán pagar multas, compensar a las víctimas, y sanear el río. Se adelantaron al crear la Fundação Renova, que ya enfrentó a los afectados en torno a unas pocas medidas de reparación. Al fin y al cabo, está claro que los evacuados son víctimas (todavía hay más de 600 viviendo en casas alquiladas), pero la fundación decide a discreción cómo “ayuda” a los pescadores sin río, a los agricultores sin huerta, a los propios empleados de Samarco que quedaron sin actividad. En cualquier caso, los jueces basarán sus decisiones en los informes técnicos: privados, extranjeros.

Los pueblos que no dominan el saber de su tiempo son tan vulnerables como un jubilado frente al cajero automático, como un paciente en el dentista

Lo que nadie parece preguntarse es qué hacen conviviendo con esos pozos monstruosos rellenos de agua y arenas; no hay que ser Einstein para saber que va a fallar. El acero es la base de la industria, el acero se hace con hierro, y el hierro está en Minas Gerais, pero no siempre se extrajo así. Es cierto que antes morían los trabajadores, gastados como carbón humano en el esfuerzo de cargar con el mineral a sus espaldas. Ahora también mueren: ahogados, aplastados, tapados por los restos de la producción a gran escala. ¿Quién dijo que la tecnología se inventa para que vivamos mejor? La tecnología –que no es obvia, ni está dada-, responde a las necesidades del que se toma el trabajo de inventarla. Después estamos los otros, los pueblos que nos dedicamos a consumirla, los que la usamos y nos gastamos en el esfuerzo de producir más, sin siquiera entender cómo funciona. ¿Los beneficios de producir así, compensan los costos? ¿Alguien hizo la cuenta?

En Brasil, escuelas y universidades están tomadas por sus estudiantes. El movimiento #OcupaTudo reclama contra el congelamiento del gasto público que el Senado está por aprobar, contra la reforma de la enseñanza media y el programa Escola Sem Partido, que pretende “desideologizar” la educación. Estas medidas, lanzadas después del golpe parlamentario, coinciden con las del gobierno argentino, cuyo proyecto de Presupuesto pone en riesgo el funcionamiento de los organismos de ciencia y técnica. En tiempos en que se vuelve a cuestionar el acceso a derechos básicos, es bueno recordar que el reclamo por más y mejor educación no es sólo humanista, sino también estratégico. Los pueblos que no dominan el saber de su tiempo son tan vulnerables como un jubilado frente al cajero automático, como un paciente en el dentista, como una persona desesperada a la que el plomero dice: “¿Qué te puedo cobrar?”, por arreglar lo que él mismo rompió.

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Lola Melendi

Licenciada en Ciencia Política (UBA). Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-UBA) // Twitter: @Lolangarros