Andrés Rolandelli: “La ilegalidad del cannabis significa una valorización del 1500%”

Andrés Rolandelli nació en Pergamino en 1983 y es especialista en el narcotráfico y las políticas de seguridad que se impulsan para combatirlo. Rolandelli es licenciado en ciencia política por la Universidad Nacional de Rosario, docente de Teoría Política III en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y profesor de Teoría Sociológica en la Universidad del Salvador. Doctor en Ciencias Sociales del programa Universidad Nacional Gral. Sarmiento-IDES, actualmente coordina y gestiona proyectos en ICLA-UNR (Instituto de Cooperación Latinoamericana). Además publicó el libro Carl Schmitt y la deriva moderna.

¿Cómo es la agenda internacional en relación al narcotráfico hoy? ¿Cuáles son sus referentes?

Hablar de una agenda internacional sobre el narcotráfico es referir a lo que se da en llamar prohibicionismo cuya manifestación más evidente es el régimen internacional de drogas ilícitas (RIDI). Surgido en 1909 con la conferencia de Shangai, todo el proceso que implicó la ilegalización de determinadas sustancias fue una política pública surgida en Estados Unidos y luego expandida al resto del globo. Las instituciones internacionales afincadas en el seno de la ONU tales como: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) y dentro de esta la sesión especial de la asamblea general de las naciones unidas sobre drogas (UNGASS), la junta internacional de fiscalización de estupefacientes (JIFE) son parte del teatro de operaciones que determinan la política de drogas a nivel global. A ello hay que agregarle el poder de lobby que sobre este cuadro de situación sigue teniendo Estados Unidos con dos agencias: la DEA (Drug Enforcment Agency) y el Comando Sur. A nivel europeo agregaría el lobby de la fundación Open Society vinculada al magnate húngaro George Soros. Esta última de clara impronta antiprohibcionista. Para el caso de nuestro continente habría que agregar el rol que la Global Commission on Drug Policy (GCDP) viene asumiendo. Compuesta por muchas figuras políticas e intelectuales de renombre muchas de las cuales son ex primeros mandatarios de países latinoamericanos como Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo o figuras intelectuales como Vargas Llosa, le ha dado visibilidad a las consecuencias que asumió la forma más extrema del prohibicionismo en la región: la guerra al narcotráfico. La actualidad de la problemática vinculada al tema drogas es producto del juego de fuerzas entre estas instituciones.

¿Cuáles son los avances más claros en los últimos años?

Más allá de que el paradigma prohibicionista tenga vigencia tomando en consideración sus magros resultados, son perceptibles una serie importantes de cambios. Si se lo compara con la época gloriosa del prohibicionismo durante las gestiones republicanas de Reagan y Bush padre, en la actualidad comienzan a escucharse otras voces. A las históricas que desde una perspectiva liberal referían “a nuestro derecho a las drogas” parafraseando a Thomas Szasz, en la actualidad se suman aquellas que sin ser necesariamente liberales, son realistas y ven en el prohibicionismo una política inviable. El costo humano, social y económico de sostener una confrontación sin fin con las organizaciones narcocriminales no es negocio para ningún país. El caso de México en la actualidad lo demuestra. Además de la cooptación por parte de las organizaciones narcocriminales de todo tipo de institucionalidad, se agrega la cantidad de muertos que se vienen acumulando. En la actualidad según fuentes oficiales llega a 150.000. Esta situación erosiona la legitimidad del paradigma prohibicionista. Nadie cree, si es que alguna vez fue así, que el problema de salud derivado del consumo problemático de sustancias justifica el despliegue de todo tipo de recursos, más aún cuando la evidencia empírica demuestra que ni el consumo de drogas ni los narcotraficantes puedan desaparecer. Si se trasciende esta dimensión retórica, en lo fáctico se pueden mencionar dos medidas concretas. La primera de ellas es que el prohibicionismo dejó de operar mayormente sobre la demanda, concentrándose más en la oferta. En los hechos ello está significando políticas públicas que dejan de perseguir al consumidor y se centran en el narcotraficante. Es claro que el eslabón de la cadena de oferta que se ataca es siempre el más débil, el más marginal y más irrelevante en términos de todo el proceso. Sin embargo, es un avance respecto de lo que acontecía en varios países con la penalización del consumidor. No es que esta haya desaparecido pero comienza a haber cambios importantes. En el Estado de Oregon, no solo se ha despenalizado el consumo de marihuana, sino también se está evaluando hacerlo con la cocaína y la heroína. Digo emblemático no porque esta situación no se de en otras latitudes desde hace mayor tiempo como lo es el caso de Portugal, sino porque en la cuna del prohibicionismo la situación está cambiando drásticamente. El tercer cambio importante son los modelos de regulación, producción, distribución y consumo de marihuana con fines medicinales, recreativos e investigación. El caso de Uruguay y el de muchos de los Estados de EE.UU son diversas formas de abordar la problemática y con seguridad servirán de modelo en diversos países. La evidencia empírica para el caso uruguayo arroja resultados promisorios respecto de lo que implicó un golpe no solo al narcotráfico sino a las formas de consumo. Legalizar una droga fragmenta los mercados evitando que quien busca una sustancia en condiciones de clandestinidad, se tope con otras. La otra ventaja de esta situación son los controles de calidad implementados por el Estado que evitan adulteraciones perniciosas para la salud.

¿La famosa legalización solucionaría el problema?

Depende de lo que se pondere como el núcleo del problema. En términos socio-sanitarios el consumo problemático de sustancias es nimio si se lo compara con los problemas sociales derivado de ilegalizar estas sustancias. De allí que si el problema es el consumo problemático, la respuesta es afirmativa tomando en consideración dos cuestiones. La primera de ellas que el modelo regulatorio que se opte no sea apologético del consumo de esa sustancia, tal como aconteció en el pasado con el tabaco y sigue siendo así con el alcohol. En este sentido, el modelo regulatorio de Colorado en Estados Unidos, modelo totalmente estructurado por el sector privado, no resulta una opción viable si se busca ponderar los daños asociados al consumo de marihuana. Es un modelo con promociones al estilo happy hour de cerveza, dos por uno, etc. El segundo elemento es que se establezcan controles serios de calidad como acontece con cualquier sustancia producida en condiciones de legalidad. Ahora bien si lo que ponderamos como problema no es la salud sino los problemas inherentes a la prohibición, el cuadro es radicalmente diferente. En primer lugar porque la prohibición generó un ecosistema social muy particular signado por una violencia extrema. La transacción de un bien ilegalizado no solo hizo surgir a un tipo de empresario criminal que es el narcotraficante, sino además aquellos abocados a combatirlo. Esta situación crea un entramado de complicidades en todos los niveles institucionales ya que la ilegalidad funciona como una forma inducida de valorización. En condiciones legales todas las sustancias valdrían infinitamente menos de lo que valen en condiciones de ilegalidad. Actualmente un kilo cannabis legal en Uruguay vale 100 dólares mientras que en Argentina ese mismo kilo puede llegar a valer 4000 dolares. La ilegalidad del cannabis significa una valorización del 1500 por ciento. Huelga destacar que si ello es posible con el cannabis es porque esta droga a diferencia de otras tiene como característica que puede ser auto-cultivada y no requiere un proceso de refinación como en el caso de la cocaína, la heroína o cualquier droga sintética. De allí que en términos ideales sería óptimo legalizar estas sustancias ya que de esa manera quedaría eliminada la transacción ilegal de estas y con ello la violencia y la corrupción que le son inherentes. Sin embargo, el volumen de dinero es tan grande y los intereses creados son tantos, que legalizar las drogas sería algo así como matar la gallina de los huevos de oro. A ello hay que agregarle lo que sucedería con todas las economías legales que dependen de la ilegalidad, desde aquellas vinculadas al lavado de activos hasta las que dependen del negocio securitario a escala global. Lo cual no solo debe ser mensurado en términos económicos sino también sociales ya que una eventual legalización de las drogas generaría una gran magnitud de “mano de obra desocupada” que hasta ahora consagró su existencia al combate al narcotráfico. La posibilidad del auto-cultivo del cannabis es una de las razones por la cual este es susceptible de ser legalizado ya que se hace muy difícil su monopolización legal o ilegal. Esta situación no es replicable de manera automática a otras sustancias. Sin embargo, en términos ideales es muy posible que la legalización de las drogas tenga un impacto positivo en el cese de la violencia que actualmente padecen muchos países.

¿Cuánto pesa la moral cuando hoy se discute el tema drogas y narcotráfico?

Como sugiere la Dra. Raquel Peyrabue, no hay argumento científico que sirva de sostén al prohibicionismo por más que se lo quiera presentar de esta manera. No lo hay en términos de la racionalidad proveniente de las ciencias médicas ni tampoco de las ciencias sociales. Ello no significa que no haya evidencia científica que muestren los efectos perniciosos para la salud en términos fisiológicos y psíquicos de quien consume estas sustancias, además de los impactos sociales negativos. Sin embargo, este riesgo biopsicosocial no es una causa que debería derivar en una política pública en los términos en los que fue estructurada por el paradigma prohibicionista. Si el problema de las drogas es un problema de salud debería ser abordado desde esa perspectiva. No se prohíbe el azúcar y se combate a quienes la producen porque haya diabéticos. Si bien es cierto que el consumo de azúcar no es equiparable al de cocaína en relación al daño social que esta última puede generar, no hay una racionalidad desde el punto de vista socio-sanitario que habilite a la prohibición tomando en consideración que esta no logra cumplir con los objetivos que se propone. Quien consume una droga y quiera hacerlo encontrará los medios para ello, independientemente de que sea legal o ilegal. Por otra parte el alcohol es una sustancia legal y es de las más nocivas si se la mensura en términos de salud y riesgo social. Como la evidencia científica no habilita al prohibicionismo lo que emerge es la moral y otros registros discursivos que lo avalan.

¿Hay posibilidad de tratar el tema con herramientas científicas? ¿Cuales son las trabas? ¿Son de orden político?

Por supuesto que sí, la evidencia científica muestra que el consumo de drogas estaba presente en el paleolítico cuando el hombre era un cazador recolector y siguió con el surgimiento de las grandes civilizaciones. Como sugiere Daniel Russo, la prohibición de las drogas es una novedad reciente en la historia de la humanidad, tiene apenas un siglo. Las experiencias previas de prohibición como lo fue con el opio en China que terminó en una guerra, no fue por motivos sanitarios sino económicos. La importación de opio en China por parte de Gran Bretaña significaba un déficit comercial que impactaba de lleno en las finanzas chinas. Mi impresión sustentada en lo que sugieren muchos ex mandatarios latinoamericanos, muchos de los cuales pertenecen a la Global Commission on Drug Policy, es que la clase política independientemente de las ideologías sabe que el prohibicionismo es cada vez más inviable en los términos que se lo quiera medir, el más lamentable son los costos en vidas humanas asociadas a la violencia derivada de la guerra al narcotráfico. Sin embargo, también estamos ante una lógica sistémica que no será fácil de desandar. Hay muchos intereses creados y todos saben que estamos metidos en un gran berenjenal. Esperemos que nuestro país no caiga en la tentación de una guerra contra las drogas, más aún cuando la necesidad de un chivo expiatorio emerge como estrategia para desviar la atención de otras agendas.

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