Los ministerios de Hacienda y del Interior están decididos a avanzar en una reforma fiscal con las provincias. El norte es reemplazar Ingresos Brutos por un IVA provincial o un impuesto a las ventas finales e introducir cambios en la distribución de la coparticipación.
Rogelio Frigerio y Alfonso Prat- Gay participarán hoy del encuentro del Consejo de Responsabilidad Fiscal, en el que intervienen representantes de todas las provincias. En ese ámbito intentarán alcanzar las coincidencias mínimas para las bases de los cambios tributarios.
«No nos vamos a ir sin un intento de reforma de la coparticipación -señaló Caballero-. Hay posibilidad de pasar del actual 70% para la Nación y 30% a las provincias a un esquema de 60/40; hay espacio para hacerlo, pero se requiere de un esfuerzo de todos».
El funcionario mencionó, por ejemplo, que ya está resuelto que la Nación dejará de cobrar Bienes Personales, lo que abre una posibilidad para que las provincias avancen por ese lado, y subrayó que hay distritos que tienen que redoblar la tarea en tributos claves como los impuestos Inmobiliario y Automotor. Jujuy, por caso, recauda sólo $200 millones al año por el Inmobiliario, y no revalúa propiedades desde 2005.
Aunque la propuesta de reemplazar Ingresos Brutos por un IVA provincial que lanzó -todavía en campaña- el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, tuvo buena recepción por parte de sus colegas y, en especial, en el Ministerio de Hacienda, hay economistas que plantean que el cambio será «muy complicado».
Coinciden en que Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo y que siempre es mejor un impuesto sin efecto cascada, pero apuntan que hay opciones más simples. Por ejemplo, el ex presidente del Banco Provincia de Buenos Aires Gustavo Marangoni dijo a La Nación que una opción es el IVA «mochila». Es decir, incorporar una alícuota a la actual del 21% para que sea coparticipada entre las provincias.
Jorge Vasconcelos, del Ieral de la Fundación Mediterránea, apuntó que mientras se define la reforma los gobernadores deberían empezar a bajar la carga tributaria: «Deben dar una ‘prueba de amor’ si quieren que haya empleo privado formal; bajo condiciones económicas normales, es inviable que los trabajadores públicos sean más que los privados».
Señaló que en Tucumán rige una alícuota del 6% de Ingresos Brutos sobre los créditos. «Sólo era compatible con el cepo; es absolutamente distorsiva», dijo Vasconcelos.
Fuentes del gabinete nacional admitieron que condicionar el endeudamiento de las provincias a que realicen algunos cambios es una vía posible, pero, por ahora, políticamente prefieren no tomarla. Los gobernadores necesitan el aval de Hacienda para colocar deuda.
«El endeudamiento externo debe ser transitorio -subrayó Vasconcelos-. No es sostenible por cinco o diez años, y menos para jurisdicciones que no exportan. Hay que trabajar para lograr inversiones y generar empleo genuino».
