Las contundentes pruebas del fiscal Picardi para imputar al primo del presidente

Alrededor de u$s600.000 serían los que Angelo Calcaterra y la empresa IECSA -de la que entonces era dueño- habrían pagado como supuestos “sobornos” para quedarse con la licitación del soterramiento del tren Sarmiento. Así figura en el escrito que el fiscal Franco Picardi le envió al juez que investiga la supuesta red de corrupción empresaria que lideró el grupo brasileño Odebrecht en Argentina para quedarse con varia licitaciones públicas como la que pretendía mejorar la traza de esta línea ferroviaria.

Para el funcionario judicial tanto la empresa como el primo del presidente Mauricio Macri están involucrados en maniobras de manipulación y direccionamiento de la licitación en “asociación” con ex integrantes del anterior gobierno kirchnerista. Lo dice en la nota de 35 páginas que le acercó al juez Marcelo Martinez De Giorgi en el marco de la causa por la cual se investiga el pago de coimas por parte de Odebrecht y sus socios en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se adjudicaron el soterramiento del Sarmiento.

En el entorno de Calcaterra insisten que que el pedido de embargo por $54 millones hecho por Picardi y sus acusaciones contra el empresario son parte de una maniobra política para perjudicar al presidente Macri.

Sin embargo, para el fiscal Picardi hay dos hechos ya probados en la causa, como son la manipulación y el direccionamiento de la obra que fuera ganada por la sociedad Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS) de la que también participaron la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella y la española COMSA. Pero fue la ex empresa de Calcaterra la que asumió la presidencia del Consejo de Representantes, máxima autoridad de la UTE, y de la presidencia del Comité Directivo.

En ese marco, imputó a varios funcionarios y empresarios que, según su visión, se beneficiaron y fueron participes de dicha manipulación. En el caso de Calcaterra, sostiene que por haber sido socio y accionista mayoritario de IECSA durante los años en los cuales se habrían pagado los sobornos “gozó de los beneficios que importaron haber integrado el consorcio ganador” de la obra del Sarmiento.

“Al tiempo en que poseía la capacidad de tomar decisiones en la empresa, ocurrieron las tratativas para lograr la adjudicación del contrato, se habrían efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas y valuación de la obra, recibidos los desembolsos y materializado el pago de aquéllas”, añade el documento.

Y asegura tener probado que hubo “pagos irregulares” o sobornos por parte de IECSA y COMSA a una consultora llamada Control y Auditorías Especiales de Argentina S.A (CAESA), que habrían utilizado para la recepción del pago de las coimas efectuadas a través de la cuenta de la empresa off shore Klienfeld Service Ltd y que sería propiedad o vinculadas a Ricardo Jaime, y Manuel Vázquez, presunto testaferro del ex Secretario de Transporte.

Para el fiscal, esos pagos fueron de u$s600.000 por parte de IECSA/Calcaterra y de otros u$s300.000 por COMSA. De todos modos se trata de sumas iniciales o probadas hasta el momento, ya que se especula que con el correr de la investigación los montos podrían incrementarse.

Si bien el juez Martinez de Giorgi no tiene plazo para responder el pedido de embargo sobre los bienes de Calcaterra y de otros ex funcionarios y empresarios involucrados, se supone que al ser medidas cautelares las definiciones serán rápidas. Más que nada porque también se trata de medidas ordenadas por la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah.

La denuncia agrega que se pudo detectar que Fernando Migliaccio Da Silva, ex ejecutivo de Constructora Norberto Odebrecht, poseería poderes de administración sobre las cuentas off shore de Klienfeld Services LTDA, utilizadas por el grupo brasileño para el lavado de capitales y pagos de sobornos a los funcionarios públicos de Petrobras y otros países.

Según el escrito del fiscal, Migliaccio Da Silva, quien es investigado por la autoridades judiciales de Brasil en el marco de la causa conocida como Operación Lava Jato, recibió un correo electrónico en su cuenta o.overlord@hotmail.com proveniente de la cuenta mcouri@odebrecht.com correspondiente a Mauricio Couri Ribeiro. En ese mail se adjuntaba el archivo “img-0319173708- 0001.pdf” que da cuenta de una transferencia bancaria que se habría realizado desde la cuenta nro. 1414631 del Banco Antigua Overseas Bank LTD, correspondiente a Klienfeld Services LTD, a la cuenta nro. 55004428 del Banco FirstCaribbean International Bank, que pertenecería a la firma Pribont Corporation S.A.

Bajo el registro o referencia número AOB07-13nov09, se pagaron u$s80.000. Dice Picardi que esta operación fue digitalizada posiblemente dentro de la sede del Grupo Odebrecht en la Argentina, ya que el archivo fue originalmente enviado por María Luz Zazzarini desde la casilla de mail mzazzarini@odebrecht.com al mail de Mauricio Couri Ribeiro el 19 de marzo de 2010, “fecha en que el nombrado fuera Director de la empresa Odebrecht ALA (América Latina y Angola)”.

Así, pudo determinarse que Couri Ribeiro al reenviar dicho mail a Fernando Migliaccio Da Silva, adjuntó también una conversación que mantuvo con Manuel Vázquez por intermedio de las cuentas mcouri2009@hotmail.com y manuelvazquez@cyaes.com, relativa a inconvenientes con el trámite de la transferencia.

Le suma a esto un informe de la Policía Federal de Superintendencia Regional de Paraná, Delegación Regional de Combate contra el Crimen Organizado, Grupo de trabajo Lava Jato de Brasil, que involucraría a IECSA en el pago de coimas por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

La información, que inicialmente fue aportada por la diputada electa por Cambiemos, Graciela Ocaña, habría surgido de un intercambio de correos electrónicos que fueron obtenidos por la Policía Federal de Brasil durante la investigación, agregando que las pruebas se desprenden del back up realizado de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, quien se desempeñaba como ejecutivo de Odebrecht en la Argentina.

En esos mails, se habría dejado asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del Tren Sarmiento. Recuerda un encuentro en junio de 2010 en el que se debatió el pago de un soborno con Sánchez Caballero por una suma de u$s20 millones. Según el documento del Servicio Público Federal de Brasil, se habría utilizado la sigla “dgi” para hacer referencia a las coimas o sobornos, principalmente en el intercambio de correos entre funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal y ejecutivos de Odebrecht.

Para el fiscal de la causa, la operación deja en evidencia un “complejo y entramado contexto de cursos de acción cuyos protagonistas fueron funcionarios públicos de diversas jerarquías insertos en la órbita de la cartera de planificación federal y sociedades y grupos empresarios nacionales y extranjeros, articulados entre los años 2005 y 2014, alrededor de la obra pública oportunamente licitada para soterrar el Ferrocarril General Sarmiento”.

Es decir, tanto los funcionarios públicos, como las empresas y sus representantes, “presuntamente habrían acordado el pago de sobornos, con miras asegurar el éxito en la intervención de los privados en las millonarias obras públicas en juego”. En este entramado, la investigación considera que la empresa CAESA fue “clave en el esquema de las maniobras investigadas y con probados vínculos con las empresas integrantes del consorcio adjudicatario de la obra pública para soterrar el Ferrocarril General Sarmiento”. En otras palabras, de acuerdo a la prueba colectada, se acreditó que Vázquez era el mentor y gestor de CAESA.

Sobre esta línea, los legajos aportados por la Inspección General de Justicia (IGJ), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, los informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera y de la ex División Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal Argentina han sido cruciales e incuestionables respecto de la información brindada en el sentido de las vinculaciones de diversa índole detectadas entre los funcionarios y empresarios involucrados en la causa.

Además, y mediante el secuestro de documentación ocurrido durante varios allanamientos ordenados por el juez Martinez De Giorgi en la sede de las empresas, se dio cuenta de la existencia formales relaciones comerciales, tributarias y de asesoramiento entre las firmas CAESA, IECSA (actualmente, SACDE) y COMSA. También se incautó documentación sobre las sucesivas conformaciones de la UTE investigada y de sus estados contables.

Agrega la denuncia información aportada por la justicia de los Estados Unidos en la cual Odebrecht reconoce el pago de sobornos a funcionarios públicos de Argentina.  Concretamente, surge del documento que entre 2007 y 2014, Odebrecht ordenó pagos en concepto de sobornos por más de u$s35 millones a intermediarios de funcionarios del gobierno de Argentina y que dichos pagos estaban vinculados al menos con tres de los proyectos de infraestructura de los que el grupo brasileño obtuvo ganancias por u$s278 millones.

Según la investigación del fiscal Picardi, las coimas se habrían materializado de dos maneras. A través de pagos a la empresa CAESA por servicios de consultoría inexistentes y mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago montado por el Grupo Odebrecht usando su “División de Operaciones Estructuradas”. Todas fueron materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore.

Una tercera posibilidad se vincula a la canalización de los pagos ilícitos en dinero efectivo o a través de otras estructuras, aún no identificadas, agrega el documento. En este sentido se asegura que las empresas COMSA y IECSA “registraron operaciones con CAESA, al menos durante los años 2005 a 2009, en concepto de servicios de consultoría”.

Para el fiscal se trata de una prestación inexistente. “Nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del ex funcionario Ricardo Jaime, para recibir el pago de coimas, originado en los beneficios concedidos a las empresas pagadoras”, dice el informe. Agrega que en todas las transacciones intervino Jorge “Corcho” Rodriguez y su compañía uruguaya Sabrimal Trading a modo de intermediario en el pago de los sobornos.

Así lo denunció además Ernesto Selzer, ex presidente de la Unidad Ejecutora del Soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento, ante el Juzgado Federal Nº 7, Secretaría 13. En relato dio cuenta de que era Rodríguez quien intermediaba entre Odebrecht y los uncionarios de la cartera de Planificación Federal.  Concretamente, del cruce de los mensajes de texto entre el entonces Secretario de Obras Públicas, José López, y otro funcionario de la cartera, Fredes Amilcar, ante un conflicto relacionado con la interrupción de un pago en el Banco Nación por la obra del soterramiento, y a raíz de los incesantes reclamos de Odebrecht fue señalado Rodríguez como a través de quien debía conducirse la solución del problema.

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