La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves durante la Sesión ordinaria la Ley que crea el Sistema Integral de Seguridad Pública local, el cual contempla la creación de la Policía de la Ciudad, un cuerpo de bomberos civil, foros de participación ciudadana, mecanismos de control y transparencia.
Durante su intervención en el recinto, la jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, destacó la «gran trascendencia institucional» de la Ley aprobada por 55 votos a favor, tres en contra y una abstención, ya que representa «un paso más en la consolidación de la autonomía de la Ciudad» e implica «la fusión de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal Argentina, dando cumplimiento a nuestra Constitución local que establece que ‘el servicio de seguridad pública estará a cargo del Poder Ejecutivo'».
Además, Muiños cuestionó el punto referido a la Policía Científica dentro de la nueva Policía porque «ya existe un Cuerpo de Investigaciones que depende del Poder Judicial» y manifestó su desacuerdo con respecto a «la eliminación de la prohibición de realizar servicios adicionales, uno de los puntos centrales de la Ley de Seguridad Pública sancionada en 2008».
Por último, la legisladora peronista señaló la «inconstitucionalidad» del artículo 91 de la nueva Ley, a través del cual se autoriza al personal policial a privar de su libertad a las personas que se nieguen a identificarse o no tuvieran documentación que acredite su identidad. «Este punto es un retroceso, ya que la Constitución determina que ‘nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita y fundada emanada de la autoridad judicial competente, salvo en caso de flagrante delito con inmediata comunicación al juez'», concluyó María Rosa Muiños.
En tanto, el legislador Gabriel Fuks celebró los consensos logrados a partir de las modificaciones que fueron planteadas por la oposición durante su tratamiento en comisión. Remarcó algunas disidencias e insistió sobre algunas cuestiones a tener en cuenta para garantizar la creación de una policía democrática, que resguarde los derechos de las personas y tenga como eje central el bienestar del personal.
«Defender la legitimidad de las manifestaciones, la estricta regulación del uso de la fuerza y la mediación política de los conflictos son criterios que tienen que ver con una voluntad y decisión política. Nuestra preocupación aquí planteada es que no queda claro esa gestión política concreta al respecto», señaló Fuks.
