Macri recibió de contratistas del Estado $3 millones para su campaña

Una investigación de los periodistas Matías Di Santi y Federico Poore publicada en el sitio Chequeado plantea que “al menos 33 integrantes de agencias de publicidad; 20 miembros de empresas de seguridad privada; siete empleados ligados con una constructora y cuatro gerentes de una empresa de higiene urbana, todas ellas con vínculos con la gestión porteña o contratos con provincias aportaron $2,7 millones” a la campaña presidencial de Mauricio Macri.

Esto se contradice con el artículo 15 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que dictamina que los partidos políticos no pueden recibir “contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires”. El artículo 44 bis de la misma norma extiende dicha prohibición a todo tipo de empresas durante el período electoral.

Poore y Di Santi agregan que “dos de las personas consultadas negaron haber hecho el aporte a título personal, y se lo adjudican a la empresa para la cual trabajan”. Pese a esto, ningún juez o fiscal federal avanzó en forma significativa en la investigación de partidos o candidatos por este tipo de irregularidades.

“Son aportes de todo tipo de donantes, personas físicas, donde seguramente habrá empleados públicos, empleados del sector privado, profesionales liberales, gerentes, etcétera, en las condiciones que habilita la ley, y sin superar los límites establecidos por la misma” le explicó a Chequeado, a modo de justificación, María Luisa Fernanda Inza, subsecretaria técnica de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación.

El apoderado nacional del PRO, José Torello, le explicó a ese mismo medio que “todo lo que se hizo es legal, y lo hicimos en blanco. Esto es mucho más transparente que hacer aportes en negro o mentirosos. Reconozco que es un proceso engorroso, pero es la única manera de no ser truchos, y nosotros tratamos de ser lo menos trucho posible”.

Asimismo, Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, dijo a Chequeado que “está clarísimo que hay un conflicto de interés”. “Son empleados de empresas y seguramente es la empresa la que esté poniendo ese dinero. Por lo tanto, se está violando el espíritu de la normativa”, afirmó.

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