Durante la madrugada, 1.200 efectivos de la Policía Bonaerense actuaron para desalojar de manera pacífica a dos mil las familias en la localidad de Libertad. No obstante, el fiscal interviniente ordenó la suspensión provisoria del mismo, resolviendo el asunto con el ministro de Seguridad bonaerense. Menéndez dijo que no hay que «que estigmatizar a la mayoría de los ocupantes, pero había un grupo pequeño que estaba aterrorizando la zona».
1.200 efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo el desalojo de un predio usurpado a fines de octubre pasado en la localidad de Libertad. Testigos aseguraron que la acción fue llevada a cabo de manera pacífica, aunque los ocupantes aseguran que el desalojo no fue autorizado por el juez que interviene en la causa. Dicha versión fue desmentida por el intendente Gustavo Menéndez.
El desalojo de este predio tomado, que viene desde octubre y según indican vecinos fue motorizada por allegados al ex intendente Raúl Othacehé tras perder las PASO, fue una reacción ante la muerte de Oscarcito, un niño de 8 años que recibió un disparo en el medio de una disputa por esos territorios, los cuales se encuentran al costado de la ruta 1003. Vecinos de la zona se mostraron desesperados por la situación de violencia que se vive en el barrio desde que los baldíos fueron ocupados
Ramiro Alonso, uno de los ocupantes, calificó de ilegal este procedimiento dado que asegura que existe una prórroga judicial de 180 días para el desalojo. «Dijeron que creció la delincuencia en la zona, pero los narcos tuvieron zona liberada y sufrimos la violencia de ellos. Con topadoras arrasan las casas y ni siquiera podemos retirar nuestras pertenencias» le dijo a la prensa.
En diálogo con TN el intendente Menéndez aseguró que «la mayoría de los vecinos se sienten avasallados y desprotegidos por el Estado. Muchos de ellos sienten una ausencia del Estado que había permitido en su momento la toma de los terrenos. Hubo un incremento de denuncias por inseguridad y hechos delictivos. Esto no quiere decir que haya que estigmatizar a la mayoría de los ocupantes, pero había un grupo pequeño que estaba aterrorizando la zona«.
«Tenemos en el lugar personal de la municipalidad cercando la zona garantizando la tranquilidad, necesaria para solucionar los reclamos de vivienda de muchos de los manifestantes que tomaron el predio. Obviamente el desalojo no fue consensuado» agregó Menéndez, para luego detallar que «a todos se les explicó que la posición del municipio no es avalar ninguna toma porque eso implicaría una ausencia del Estado en términos de planificación habitacional. No hubo negociación con los ocupantes, sino que hay una decisión judicial ya que los dueños se presentaron ante la Justicia para reclamar sus terrenos».
Menéndez cerró explicado que su intención es «recuperar el orden y la tranquilidad en ese barrio, además de trabajar intensamente en la planificación habitacional de quienes fueron desocupados».
Sin embargo, a media mañana trascendió que el fiscal Fernando Capello, quien interviene en la causa por la toma, ordenó que se suspenda provisoriamente el desalojo en una fracción del predio al que no había llegado a proceder el mismo, en donde se encontraban 200 familias con gran cantidad de menores. En estos momentos, el ministro de Seguridad bonaerense se encontraba reunido con el fiscal para resolver esta situación.
