¿Por qúe Larreta suspendió al flamante jefe de la Policía de la Ciudad?

El jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, José Pedro Potocar, fue suspendido en sus funciones en forma preventiva “para preservar una investigación judicial en la que está mencionado y la normal prestación del servicio de seguridad”, se informó oficialmente.

La medida, que fue dispuesta a través del decreto 139/17 del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, “preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal” en una causa que tramita el juez de instrucción Ricardo Farías, indicó un comunicado de prensa difundido anoche.

Mientras tanto, la conducción de la Policía de la Ciudad continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D’Alessandro.

El nombre de la máxima autoridad de la fuerza que responde a Horacio Rodríguez Larreta apareció cuando Marcelo Stefanetti, uno de los oficiales detenidos en la causa a cargo del Juzgado Criminal y Correccional número 14, se quebró y dijo que Potocar y el comisario Norberto Federico Villareal (actualmente prófugo) se llevaban “entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales cada uno”.

Potocar también figura entre los papeles que fueron secuestrados en despachos de policías detenidos en la investigación encabezada por el juez Ricardo Farías y el fiscal José María Campagnoli. En esa documentación se hallaron alusiones a los jefes de la Comisaría 35, a la Superintendencia Metropolitana y a Potocar, que para esa época estaba al frente de la Dirección General de Comisarías (DGC).

En declaraciones a este medio, el titular del bloque del Frente Renovador en la Legislatura porteña, Javier Gentilini, consideró:

“Lo dijimos en su momento, la nueva Policía arrancaba mal si la designación de su primer jefe incumplía con el procedimiento estipulado en el Art. 77 de la Ley de Seguridad”.

El diputado Gentilini puntualizó que “el Ejecutivo porteño se empecinó en imponer la Cláusula Transitoria 4ta., a la que varios bloques nos opusimos, con el objeto de eludir el período de 10 días de publicación oficial de los antecedentes del candidato para que la ciudadanía pudiera hacer sus observaciones”.

La investigación determinó que a los comerciantes de Núñez se les cobraban entre 1500 y 3500 pesos para brindarles “protección”, mientras que a los “trapitos” se les exigía entre 400 y 500 pesos para no multarlos por la contravención.

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