El pasado miércoles 16 de septiembre, cuando se publicó el fallo (en todos los sentidos que admite tal vocablo) que declaró nulas las elecciones locales tucumanas, se cumplían sesenta años del golpe de Estado contra el gobierno del general Juan Domingo Perón. En ese episodio jugó un rol fundamental el bombardeo de la aviación de la marina de guerra sobre Plaza de Mayo, perpetrado exactamente noventa días antes, el 16 de junio de 1955. Aquel atentado terrorista, el más grave que recuerda la historia nacional, con la excusa de asesinar al entonces presidente, en realidad elaboró un disciplinamiento poblacional. Pretextados en la necesidad de rescatar la ética y el republicanismo supuestamente lesionados por Perón, el objetivo de fondo de la violencia ejecutada por las FFAA era la reversión que ambicionaban sus mandantes, los sectores del privilegio, del mayor ciclo de bienestarque esta tierra registra, discusión imposible de tramitar en las urnas.
Seguramente se respondería a este desarrollo que importa una desproporción. Sobran quienes hacen de las formas el elemento central de sus análisis. Y en base a ello, dirían que es incomparable una escena que involucró armas y asesinatos con otra que se deriva de instrumentos legales con los que, a lo sumo, se puede disentir por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.
Sin embargo, el componente fundante de la tragedia de Tucumán opera como un hilo conductor que atraviesa seis décadas: el desprecio por toda voluntad popular que no convalide la exclusión.
La sentencia tiene serios inconvenientes técnicos: el juzgado que la dictó no es competente en la materia, para empezar. Por otro lado, no se basa en legislación electoral en lo que se refiere al fraude, denunciado vagamente. Se entiende: en tal supuesto, habrían tenido ante sí el problema irresoluble de un volumen muy escaso de maniobras, incapaz de alterar el resultado; por ende, no se configuraría el delito. Son artimañas que no faltan en ninguna votación –claro que no por ello menos condenables–, y en las que, encima, también la mega alianza opositora está imputada.
Recurrieron, en su reemplazo, al llamado clientelismo, también en modo por demás impreciso. No sólo sin pruebas: sin siquiera vincular esa noción con los hechos del caso. El dato político que emerge del dictamen es su peor novedad: sienta el primer precedente que conceptualiza sobre calidad de voto; para peor, como fundamento de la validez toda de un comicio.
En la frase inicial de este texto se escribe ‘publicó’ para hablar del veredicto en cuestión, en vez de ‘dictó’, ‘declaró’ u otros usuales en contexto jurídico. Fue adrede: la edificación de la casualidad que hizo coincidir esto que se ha convertido en un laberinto con la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura en la provincia de Buenos Aires es la punta del ovillo de una trama mucho más grande y complejaen que se inserta, y en la que octubre es apenas otra posta: va aún más lejos.
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Ya ni empacho en el disimulo tiene el establishment. Esta semana en La Nación la cuota incendiaria de las palabras excedió de lo acostumbrado. Joaquín Morales Solá comentó el jueves la puesta en marcha del golpe judicial: “Los jueces de una Cámara tucumana de alzada sembraron ayer la mayor sospecha de fraude en el proceso electoral nacional. (…) esa decisión que anuló los comicios tiene una carga demoledora para el gobierno kirchnerista, que entregará en diciembre un sistema electoral viciado por el fraude y con escasa legitimidad”, dijo, proyectando las consecuencias. El día anterior, Ceferino Reato había titulado su columna “Si gana, ¿podrá Scioli garantizar gobernabilidad?”
No sólo no asumió, todavía, Daniel Scioli: ni siquiera ganó. El establishment, en su obcecación destituyente, no aprende. No les han bastado los fracasos en todos y cada uno de los embates condicionantes con que se la han pasado operando sobre el kirchnerismo. Sin suerte, por la obstinación política que tanto Néstor Kirchner como la presidenta CFK pusieron en no ceder un sólo centímetro de sus potestades constitucionales. Las chances de continuidad del peronismo son altísimas. Y no depende esta disputa dela mandataria en curso: la meta no es un dirigente sino la serie de conquistas sociales más profunda desde el peronismo inaugural.
Siendo que los intereses populares se expresan hoy en la fórmula Scioli-Zannini, no extrañan este tipo de amenazas que anticipan nuevas riñas desde el 10 de diciembre próximo, si se confirma lo que a esta altura luce más probable: el Círculo Rojo no logrará consagrar a su gerente, Maurizio Macrì, a cargo del Estado, para volver a transfigurarlo en gendarme de la rentabilidad empresaria.
Macrì está en una coyuntura especialmente delicada a partir del deshielo que empezó con las incriminaciones contra Niembro, que derivaron en un aprieto profundo de conducción y construcción al interior de la entente conservadora Cambiemos. El comentarista deportivo se bajó, pero ya cuando cualquier opción daba pérdida. La dimisión abre el interrogante por el papel de los funcionarios porteños en lo que se parece a una confesión de culpas, pero la permanencia acentuaba el desgaste. La tropa del cambio no logró unificar discurso ni praxis en torno a este expediente, la opinión mediática se entrometió en un nuevo capítulo de la promiscuidad que liga a unos y otros.
Si no fuera por la sincronía ideológica que ya de por sí existe entre el PRO y los fondos buitre, cabría dudar de la capacidad del postulante presidencial para aguantar las presiones de la banda de Paul Singer si cuatro gritos de medios oficialistas como Tiempo Argentino y C5N, que según se cuenta nadie lee ni escucha, le voltearon la cabeza de la lista de diputados nacionales. La clausura del canal de TV el día posterior a la salida de Niembro decoró con condimento de amateurismo el cuadro.
Entonces, si los representantes no son aptos, toman el timón los representados, con todo el riesgo que supone la política actuada por gente carente de destrezas en el rubro y de reparos por la institucionalidad y la paz pública.Se comprende, claro: están jugando su supremacía cultural, mucho más importante que la sanidad de sus balances, que no se ha resentido significativamente.
Reato lanzó una nueva versión de la advertencia con que, en ese mismo diario, José Claudio Escribano saludó el triunfo de NK en 2003, preámbulo de doce años de hostilidad.
Queda, pues, en Scioli tomar la lección de sus dos predecesores: apoyarse en su electorado si quiere perdurar con éxito. El espejo que adelanta, se ha dicho hasta el hartazgo en esta trinchera, es la situación complicada de Dilma Rousseff en Brasil, ya a tiro del impeachment, agravada por los gestos conciliadores que para con sus adversarios hace la heredera de Lula. Que, lejos del efecto de distensión que se asignan a tales, sólo resquebrajan la relación del PT con sus bases, lo que debilita peor al gobierno. Conviene entender la esterilidad de los “giros al centro”. Dicho esto para varios integrantes del Frente para la Victoria, que, de buena fe pero erradamente, se exhiben favorables a la eventualidad de abrir una nueva etapa, de distensiones, una vez ida CFK.
Cualquier variante posible de resolución del conflicto en Tucumán, ya es inevitable, extenderá el clima actual hasta más allá de la sucesión presidencial, incluso. Con ese barro cubren la mesa de concertaciones que pretenden forzar desde 2016, independientemente de quien sea electo.
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La tercera pieza a examinar en este embrollo es la renuncia a la Corte Suprema de Justicia de Carlos Fayt. Las aspiraciones políticas del capataz de ese cuerpo, Ricardo Lorenzetti, no son un secreto para nadie, más allá del formato en que ello cristalice. La situación en el máximo tribunal ya hoy dista de la normalidad, debido a la vacancia previa respecto de cuya ocupación la oposición partidaria niega toda posibilidad de transacción legislativa, imprescindible, al oficialismo. Muchos se preguntaron por la postura de los supremos acerca de la anulación eleccionaria tucumana.
Pertinente consulta: no sólo porque se trata de un recorrido que muy probablemente desemboque ante ellos, sino porque la magnitud de un suceso inédito en la biografía democrática nacional hace presumible la existencia de un respaldo trascendental para los albañiles que la labraron.
Lorenzetti, que se desvive por su imagen pública, no consideró necesario en cambio desmentir las revelaciones que a propósito de la crisis en la cabeza del Poder Judicial difundió a principios de este año Horacio Verbitsky. Entre las cuales figuraba el control del sitio del más anciano de sus colegas.
Y otra que se le pasó hasta al kirchnerismo, que acordó con el rafaelino para la redacción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que suprime una limitación que incluía la vieja norma comercial, de restringir a los jueces expedir disposiciones legales o reglamentarias e interpretar la ley de modo que obligue a todos. Sumado eso a las apelaciones constantes a la misión de garantía sistémica que sin basamento Lorenzetti atribuye a los jueces, resulta evidente la ambición de extralimitar a su gremio en instancia determinante, sin cuyo concurso no se pueda avanzar.
No debe perderse de vista el poco afán que habían demostrado los cortesanos en completar su integración, pese a que Eugenio Zaffaroni produjo un hueco hace largo rato. Un nuevo cupo abre el espacio que venía faltando para una negociación hasta ahora trabada, pero en un marco irrespirable, ideal para introducir ambiciones de arbitrarla desde la cúpula del Poder Judicial, erigido en clave de bóveda del prestigio republicano patrio. La incógnita es el precio de esa operación.
El 25 de julio se aseveró aquí que los tribunales son el refugio último del bloque de clases dominantes, que adversan al kirchnerismo en tanto gobierno al menos controvierte el statu quo.
En la exacerbación de estas contradicciones, quiérase o no, va un debate por la democracia misma.
Pablo Papini