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En estas horas una delegación argentina está viajando rumbo a Nueva York para tener mañana (28-07-2014) una audiencia con el mediador Pollack. La misma estará integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López, Federico Gastón Thea quien es secretario Legal y Administrativo de Economía y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
El juez Thomas Griesa tiene 83 años y está acorralando a la Argentina por la vía judicial a una situación inédita en la historia mundial. Un país honra el pago de su deuda, y sin embargo estos recursos no son distribuidos entre los tenedores de bonos. La situación es tan insólita que muchas voces están pidiendo una recategorización de este fenómeno. Esto no es un default tradicional, selectivo o técnico como lo denomina la ortodoxia, sino un Griefault, término que debería ser admitido en escasos días al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Al observar las desgrabaciones de las audiencias se observa claramente la incapacidad de comprensión del Juez de la arquitectura financiera montada en la reestructuración de deuda, las distintas legislaciones implicadas, títulos financieros, lugares de pago, bancos de transferencia y pago y bonistas distribuidos por el mundo entero. Tampoco recuerda claramente sus propios fallos, sentencias y pide constantemente a los representantes legales de cada parte que repitan a quiénes representan porque pierde el hilo de las conversaciones. Hasta el prestigioso diario norteamericano The New York Times cuestiona el desempeño y capacidad del juez Griesa para comprender el caso argentino y las variables financieras implicadas. En el plano local hasta la señal de noticias televisivas TN se tuvo que hacer eco del estado mental de Griesa y ahora más que defender el prestigio del juez, se enorgullecen de haber dado la primicia.
Pero su fallo quedó firme, y fue convalidado por lo más alto de la estructura jurídica norteamericana. Ya no quedan instancias de apelación al menos bajo esa jurisdicción, lo que se intenta ahora es aplicar el fallo ocasionando la menor cantidad de daños posibles, defendiendo la reestructuración de deuda, los bonistas, y el futuro de todos los argentinos. Por esta misma razón debemos hacer un repaso superficial, pero abarcando los principales aspectos de cómo se llegó a esta situación.
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De mantenerse esta situación por 3 días más implicaría un incumplimiento en los pagos correspondientes a los tenedores de bonos. No por un impago del país, sino porque justamente este pago no es distribuido entre quienes corresponde, los bonistas que de buena fe poseen títulos de deuda argentinos.
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Los fondos buitre reclaman el pago de un monto aproximado de U$S1.300 millones de títulos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. Como estos canjes fueron con quitas, lo que exigen es un pago total al 100%. El fallo de la Cámara de Apelaciones fue ratificar el fallo del juez de primera instancia (Griesa) que sentenció el pago total por parte de la Argentina. El país apeló la causa hasta llegar a la Corte Suprema, que rechazó el tratamiento, entonces la sentencia queda firme y no puede apelarse nuevamente.
Asimismo, el juez Griesa mantuvo activo el embargo sobre activos argentinos, por lo cual técnicamente cuando sean detectados fondos del país, son susceptibles de embargo para hacer efectivo el pago a los buitres. Debido a que hubo un vencimiento de deuda el 30 de junio a bonistas con jurisdicción en Nueva York, la Argentina realizó un pago al agente fiduciario encargado de ser el intermediario entre el país y los tenedores minoristas. Estos fondos técnicamente no pertenecen al país, dado que al ingresar en la cuentas del banco fiduciario (Bony) son propiedad de los bonistas. Por esta misma razón el juez se vio imposibilitado de trabar un embargo y decidió en vez de incautar los fondos (que jurídicamente hubiera sido un mamarracho porque no son fondos argentinos), sugerir al Bony no realizar el pago. Esta situación se mantiene hasta el día de hoy, a 3 días de la fecha límite para distribuir los fondos. De mantenerse esta situación por 3 días más implicaría un incumplimiento en los pagos correspondientes a los tenedores de bonos. No por un impago del país, sino porque justamente este pago no es distribuido entre quienes corresponde, los bonistas que de buena fe poseen títulos de deuda argentinos.
Como resultado de esta situación la Argentina lleva una mora de 28 días aunque haya librado el pago, ya que los bonistas al día de hoy no cobraron. Esta mora en 3 días más, al superar los 30 días de gracia en los cuales una nación soberana puede atrasarse en el pago, habilitaría al ISDA a declarar oficialmente el default de los títulos bajo jurisdicción norteamericana. Todos estos títulos bajo legislación norteamericana están estimados en un monto por U$S 30.000 millones. Es interesante que esta situación de default sería única en la historia, ya que no emana de una declaración de imposibilidad de pago del deudor, sino que hasta el mismo Griesa en la audiencia reconoció que Argentina pagó.
La inacción de Griesa para enmendar el mamarracho jurídico en el que se involucró es sorprendente. En la audiencia realizada la semana pasada frente al juez estuvieron convocadas tanto las partes como los bancos involucrados en realizar los pagos de los fondos que Argentina oportunamente giró. El resultado de esta audiencia fue nulo: ni se permitió el pago, la posibilidad de embargos sigue vigente y se mantiene la sugerencia a los bancos fiduciarios de no efectuar el pago. Al respecto el comunicado del Ministerio de Economía del 22/07/2014 es contundente desde su titular: “El juez Griesa no resolvió nada y los buitres siguen amenazando”.
La Argentina, el 21/07/2014 había pedido que nuevamente se reponga el “stay” para poder hacer el pago y ganar tiempo para encarar sin amenazas las negociaciones, así como analizar los caminos legales para desactivar todo tipo de potencial litigio futuro, tanto de otros holdouts (7% de la deuda defaulteada en 2001) o la activación de las cláusulas RUFO que haría caer el 93% de la deuda reestructurada.
En la actual situación se descartó el pago al 100% del fallo del juez Griesa (U$S1.330 millones) durante 2014 debido a que la ejecución significaría la posibilidad de juicios y sentencias por más de U$S15.000 millones por parte del 7% de los bonistas que aún no ingresaron a los canjes. Pero fundamentalmente porque no hay garantía que de realizarse se activen las cláusulas RUFO y la deuda pública podría incrementarse hasta los U$S500.000 millones. Por esta misma razón en las mediaciones con Pollack, la posición argentina intentó asegurarse que de efectuarse el pago se explicite que no es voluntario y tiene carácter compulsivo. Sin embargo de realizarse es aceptar la posibilidad que algún juez interprete lo contrario y sentencie al país a una crisis de su deuda externa. El comunicado del Ministerio de Economía es gráfico respecto a este asunto, acusa a los buitres de disminuir este riesgo, y por eso los interpela a comprar un seguro financiero contra los costos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO: “si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable”.
La amenaza de una catarata de juicios debido al fallo del juez Griesa es real. Tenedores de títulos en default por U$S 700 millones se presentaron ante el juez neoyorquino Thomas Griesa para intentar tener la misma suerte que los fondos NML y Aurelius. El concepto aplicado es el “me too”, por el cual bonistas que no judicializaron, pero tienen los mismos bonos que los buitres, pedirían igual sentencia y tratamiento. Esta modalidad fue advertida por el GN y de avanzar podría ocasionar demandas por hasta U$S15.000 millones, sin embargo este riesgo es difícil de disminuir aún después del primero de enero, cuando vence la cláusula RUFO.
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El Citibank, agente de pago de esa deuda, emitió un escrito en que informó que es imposible distinguir los bonos del canje, afectados por la sentencia, de otros títulos Discount emitidos para pagar la indemnización a Repsol, por u$s 1.250 millones, ahora en poder de inversores desconocidos. Los títulos podrían quedar así presas de la sentencia. En este escenario el juez no sólo haría caer las reestructuraciones de deuda, sino las emisiones de títulos posteriores.
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La búsqueda de respaldo internacional por parte del país fue una estrategia desde un comienzo a través de los amicus en oportunidad de solicitar el tratamiento de la Corte Suprema, pero actualmente sólo tienen un carácter testimonial y de carácter geopolítico debido a que no hay otras partes involucradas en la mediación o en la ejecución del fallo. Asimismo, si bien en un principio pareció una exageración, trascendieron pedidos judiciales de los fondos buitres de embargar activos de socios de YPF en Vaca Muerta (concretamente de Chevron), a los que luego se sumaron pedidos de embargos a activos pertenecientes a Lázaro Báez bajo el argumento de que sus empresas recibieron fondos públicos.
La actual situación tiene varios perjudicados de buena fe, en esta situación de contrariedad al fallo del juez Griesa también se expresaron múltiples bonistas de otras partes del mundo que vieron imposibilitado su cobro por la decisión del juez, pese a que los bonos que tienen en su poder son de otra legislación (Londres, Suiza). Esto se debe a que el Bony como agente fiduciario debía girar el dinero a esas otras jurisdicciones pero debido a la “sugerencia” del juez, trabó todo pago en el exterior. Al leer las desgrabaciones de las audiencias, el juez Griesa no parece comprender (o simula tal situación) estos límites a su jurisdicción y la complejidad de los bonos involucrados. De la desgrabación de la audiencia de Griesa con bancos la semana pasada, se observa que el juez involucró en su bloqueo de pago, no sólo a bancos norteamericanos, sino al Citibank Argentina que debía cancelar bonos en dólares bajo legislación argentina, claramente por fuera de su jurisdicción. El Citibank, agente de pago de esa deuda, emitió un escrito en que informó que es imposible distinguir los bonos del canje, afectados por la sentencia, de otros títulos Discount emitidos para pagar la indemnización a Repsol, por u$s 1.250 millones, ahora en poder de inversores desconocidos. Los títulos podrían quedar así presas de la sentencia. En este escenario el juez no sólo haría caer las reestructuraciones de deuda, sino las emisiones de títulos posteriores.
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Si bien es cierto que podría haber cierto impacto a nivel doméstico, no hay que descartar que el Estado ponga a disposición todas las herramientas para contrarrestar el efecto de esta crisis importada y digitada desde el exterior.
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Las especulaciones si Argentina entra en default son que se cierren definitivamente las posibilidades de endeudamiento en el mercado financiero, que los títulos coticen “flat” (se deba cumplir con su pago en capital e intereses), que una vez incurrido en el default y de juntarse un 25% de los tenedores de un bono en default podrían pedir la aceleración del pago por lo cual los vencimientos de deuda nacional se incrementarían sustancialmente, debido a que los plazos de pago se acortarían de más de 30 años a uno. Adicionalmente, superar los 60 días adicionales (01-10-2014) al default del bono en cuestión (Discount), entre en mora el total de la deuda emitida bajo moneda extranjera. Según las últimas estimaciones del Ministerio de Economía, la deuda privada en moneda extranjera alcanza al 9% del PBI, ese sería el costo puntal de esta situación.
Asimismo distintos analistas proceden a otra estrategia, la extorsión judicial por un lado, pero a nivel interno propagar el miedo en la población. Así en los últimos días se propagaron escenarios apocalípticos que estiman los costos del default entre -1.5 y -3.5% del PBI. Pero eso no sería todo, los males vendrían todos juntos y en un año electoral: recesión, desempleo, suba del dólar, falta de inversiones y financiamiento, mayor gasto fiscal y suba de precios. Si bien es cierto que podría haber cierto impacto a nivel doméstico, no hay que descartar que el Estado ponga a disposición todas las herramientas para contrarrestar el efecto de esta crisis importada y digitada desde el exterior. No es la primera vez que ocurre que se suceden shocks externos y el Estado ya dio muestras que puede y debe intervenir para defender el trabajo de todos los argentinos. El antecedente del año 2009, cuando eclosionó toda la economía mundial como no lo hacía desde el crack de 1930 es un antecedente valioso que debe trasmitir tranquilidad y calma. El trabajo de los argentinos, como en cada circunstancia adversa, es la última variable de ajuste.
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