Intendentes peronistas piden al gobierno una audiencia pública por el tarifazo

Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Juan Zabaleta se dirigieron al ministro de Energía Juan José Aranguren para exigirle que cumpla con la normativa vigente. Piden que se cite a todas las asociaciones de Defensa al Consumidor.

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Los intendentes del Partido Justicialista bonaerense Martín Insaurralde (de Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (de San Martín), Mariano Cascallares (de Almirante Brown) y Juan Zabaleta (de Hurlingham) dieron a conocer un comunicado en el que exigen una una audiencia pública por el aumento en las tarifas del servicio energético.

«En representación de muchos otros, solicitamos urgentemente una audiencia pública al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, como consecuencia del anuncio hecho por el gobierno nacional sobre el aumento en las tarifas del servicio energético» aseguran los jefes comunales.

Para ellos, el tarifazo es «una medida realmente alarmante por el impacto que causará en el bolsillo de la mayoría de los trabajadores y en la economía de las PyMEs e industrias de nuestros municipios y los de toda la provincia de Buenos Aires». Advierten además que «el gobierno nacional está preocupado por reducir el gasto y recaudar más, sin contemplar las políticas públicas».

«Esta nueva normativa, que excluye a los sectores más humildes que hasta ahora gozaban de un sistema de subsidios, no cumple con el marco regulatorio de energía eléctrica. La ley 24.065 establece que sean realizadas audiencias públicas cuando la autoridad correspondiente deba resolver temas relacionados con ajustes de tarifas» agregan.

Los alcaldes cerraron su pedido planteando que «las audiencias públicas habilitan la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, donde todos aquellos que puedan sentirse afectados por una medida que habrá de adoptarse, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva con relación a la misma. En este sentido, vamos a convocar a todas las asociaciones de Defensa al Consumidor de nuestros municipios para trabajar de manera conjunta y exigir que se cumpla con la normativa vigente, en un tema tan trascendente para la sociedad».

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