La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves durante la Sesión ordinaria iniciativas para colaborar en la optimización del proceso de transferencia de la Justicia de la Nación a la Ciudad, con el fin de garantizar los derechos laborales de los magistrados, funcionarios y empleados tanto de la Nación como de la Ciudad, por iniciativa de la Jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños.
«Nos ocupa la particular situación de los magistrados que pasarán a desempeñarse en la Ciudad en el proceso de transferencia y especialmente que no se vean afectadas sus garantías ni sus derechos adquiridos. Estas iniciativas contribuirán a la correcta organización de las transferencias de los juzgados nacionales a la Ciudad y a afianzar su autonomía, tal como expresa la Constitución», sostuvo Muiños
En este sentido, la Legislatura manifestó que «vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional incorpore a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial porteño al régimen de jubilaciones del Poder Judicial nacional». Esto está establecido en el Decreto N° 109/76, el cual implementa un mecanismo para que las percepciones jubilatorias de los magistrados, funcionarios judiciales y del Ministerios Público se efectúen por intermedio del Poder Judicial de la Nación. «Al día de hoy los magistrados de la Ciudad que se jubilan no tienen el mismo mecanismo de actualización de los haberes como lo tienen los magistrados nacionales a través de la oficina de liquidación de haberes pasivos del Poder Judicial de la Nación», indicó la legisladora.
Asimismo, el Cuerpo parlamentario se declaró a favor de que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación equipare el régimen de beneficios y prestaciones de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a los jubilados y pensionados pertenecientes al Poder Judicial local mediante una acordada» y que no dependa de un convenio, como en la actualidad. «De esta manera, se contemplaría que los beneficiarios jubilados no tengan que abonar adicionales por seguir utilizando la obra social», informó Muiños.
Y agregó «Los judiciales de la Ciudad gozan de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, como consecuencia de un convenio firmado en 1999 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura local. Sin embargo, lo hacen de manera provisoria, ya que puede ser rescindido en cualquier momento y no garantiza en modo alguno la continuidad de esos beneficios al momento de jubilarse».
«En el marco del proceso de transferencia de competencias que está atravesando la Justicia entre la Nación y la Ciudad sería deseable que la Corte Suprema equipare los servicios de la Obra Social de Nación para jubilados y pensionados judiciales de la Ciudad con una acordada y no sólo con un convenio», concluyó la legisladora peronista.
