Destacado dirigente en la juventud de Cambiemos, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, quedó complicado al ser imputado por la Justicia Federal por supuesta malversación de fondos públicos. El, por su parte, realizó una presentación espontánea y obligó al Gobierno nacional a actuar frente a la polémica. Para los denunciantes, aún existen dudas.
Yeza está acusado de malversación de caudales públicos en los tribunales federales de Comodoro Py a raíz de una obra de renovación urbana hecha con fondos nacionales. La causa es llevada adelante por la jueza María Romilda Servini de Cubría y la fiscal Paloma Ochoa, quien imputó al jefe comunal hace un mes. Tanto el Municipio como la Nación descartan cualquier irregularidad.
Los denunciantes, el edil de Pinamar Gregorio Estanga y el diputado nacional Rodolfo Tailhade (ambos de Unidad Ciudadana), apuntan a un supuesto desvío de fondos en la obra Centralidad Pina-mar, licitada en julio de 2017, con un presupuesto de 33.585.683 pesos y un plazo de ejecución de tres meses.
La obra es con ajuste alzado, es decir que no admite modificacones posteriores en el monto. Consiste en tres intervenciones urbanas en torno a la tradicional Avenida Bunge e incluye un parque mi-rador, nuevas veredas, instalación de luminarias LED, pérgolas y un anfiteatro.
Estanga y Tailhade pusieron de manifiesto que al 22 de diciembre de 2017, fecha fijada para la terminación de las obras, “se había cancelado más del 75% del presupuesto”, cuando los valores de ejecución estaban “por debajo del 50%”.
Los denunciantes trabajan en otra presentación judicial a partir de nuevos da-tos; y aseguraron que, antes de llegar a los 33 millones, hubo presupuestos previos. El primero, por unos 19 millones de pesos, que luego se amplió a 23 millones.
“De 23 millones presupuestados a lo que se adjudicó finalmente a la empresa no encontramos ninguna justificación en el expediente que, con coherencia, nos indique que había que adecuar el monto total de la obra a esos 33 millones”, dijo a La Tecla el concejal Estanga.
Los denunciantes contrastaron valores extraídos del expediente municipal antes de la licitación, por cada una de las tres intervenciones urbanas, con los adjudicados. Remarcaron que la diferencia asciende a $9.600.918,09 con el monto final definido por la Nación.
Los fondos para la realización de los trabajos provienen del programa de Re-novación Urbana, que maneja el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. A partir de una reestructuración interna, la obra pasó, en marzo, a la Secretaría de Infraestructura Urbana.
Los trabajos son llevados adelante por la empresa Ashoka Construcciones S.A., que ofertó 400.000 pesos por debajo del presupuesto oficial. Ashoka tiene contratos en la Ciudad de Buenos Aires e incluso trabajó en la construcción de la sede del Gobierno porteño, inaugurada en 2015. “No es una denuncia a la empresa, así que no hay nada que aclarar”, respondieron a este medio desde Ashoka. Centralidad Pinamar está próxima a su finalización, confirmaron en el Municipio y en el Gobierno nacional.
Las dudas, de todas maneras, persisten. El Concejo Deliberante de Pinamar aprobó, el viernes 27, un pedido de informes con 28 preguntas dirigido a la Secretaría de Planeamiento, Proyectos y Medio Ambiente del Municipio. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, incluso con el respaldo del bloque Cambiemos, que acompañó la declaración para que el asunto se esclarezca.
A poco de caminar el expediente en la Justicia, el intendente Martín Yeza presentó un descargo con el propósito de “desterrar de plano toda esa maquinación” en su contra. En paralelo, el Minis-terio del Interior encargó una auditoría, a la que tuvo acceso La Tecla, en la cual se informa que lo transferido “es correcto según surge de la documentación presentada”. No obstante, en el informe se cita que las luminarias y los bolardos (postes de pequeña altura) no fueron aprobados, “por no cumplir con los requisitos solicitados en la licitación”.
Desde Interior desconocieron, por otro lado, la existencia de presupuestos previos y afirmaron que, desde la firma del convenio con el alcalde, el volumen de los fondos siempre fue de 33 millones.
La obra
Centralidad Pinamar incluye la remodelación y puesta en valor de la Avenida Bunge en tres sectores: Bunge y Avenida del Mar, Bunge y De las Burriquetas y Bunge y Marco Polo.
Los denunciantes afirmaron que por la primera intervención, Ashoka cobró 15 millones; por la segunda, 6 millones; y por la tercera, cerca de 4 millones. Para ellos no se justifican con lo ejecutado, y marcaron una diferencia con lo pagado: 8 millones, 4 millones y casi 2 millones, respectivamente.
“El municipio de Pinamar pagó certificados de obra por 25 millones de pesos a diciembre de 2017, pero se pudo establecer que había no menos de 12 millones de pesos de capital, de gasto concreto en la obra, sobre los 25 que se habían girado”, apuntó Tailhade a La Tecla.
En el medio quedan otros aspectos por explicar. Por caso, la Dirección de Administración de Obras Públicas solicitó multas a Ashoka por irregularidades en la ejecución. Sin embargo, el intendente las anuló mediante el decreto 548, a partir de un análisis con base en el “mérito, la oportunidad y la competencia”.
Ante la consulta de este medio, desde el equipo de Yeza se limitaron a ratificar lo dicho en el descargo ante la Justicia Federal. Allí dijo que las evaluaciones presupuestarias previas corresponden a una “cotización a escala casera, que no incluye los costos” empresariales y, al mismo tiempo, que la entrega de dinero a la firma, más allá del certificado, “siempre es a cuenta del total”.
La decisión final está en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría y de la fiscal Paloma Ochoa, en Comodoro Py.
Detalles de la denuncia: los valores de dos ítems que generan controversias
Hay dos ítems sobre los que Estanga y Tailhade hicieron hincapié para señalar irregularidades: el precio del césped y la cantidad de luminarias. Por un lado, los denunciantes, que revisaron todo el derrotero de la obra, consignaron que el césped tuvo un precio inicial de $200 el metro cuadrado, que difiere del valor de los $1.331 al momento de la adjudicación. Asimismo se cambió la superficie a cubrir: de 2.400 metros cuadrados a 3.009.
En el caso de la iluminación, los demandantes señalaron que se presupuestaron 144 luminarias y en diciembre se habían instalado menos de la mitad.
¿Qué dice el Municipio? Yeza aseveró que, en uso de sus facultades, se reorganizó la ejecución de la obra “para un mejor resultado” en el caso del pasto y se utilizó uno distinto del especificado en el pliego, pero “que se adaptaba correctamente a la zo-na”, y se exigió a la empresa la colocación de 1.300 metros cuadrados más”. También se exigió “una nueva perforación del sistema de riego y el material atérmico para el anfiteatro”.
En el caso de las luminarias, Yeza consignó que por ellas se entiende “todo tipo de artefacto de luz”. “En ningún lugar del proyecto se hace referencia a la colocación de 144 columnas de luz”, lo que, dijo, “dificultaría el tránsito”.
Los demandantes adujeron que en el expediente se lee “luminarias/columnas incluye instalación”, y a un lado se especifica como unidad “144”. Asimismo, como se dijo, las luces fueron observadas por el Ministerio del Interior en una auditoría.
“El Municipio tiene la obligación de cuidar los fondos nacionales”
Gregorio Estanga, jefe del bloque de concejales de Unidad Ciudadana en Pinamar, señaló a La Tecla que las irregularidades marcadas son “groseras”, y re-saltó que el Municipio debe dar más explicaciones.
“La secretaria de Planeamiento vino al Concejo Deliberante a responder estas cuestiones. Le preguntamos sobre el precio del pasto y las respuestas no tenían coherencia. Dijeron que la obra, desde el Ministerio de Nación viene con ese precio y que no lo pueden modificar”, expresó el edil.
Estanga enfatizó que los presupuestos previos se realizaron con base en la ley de Obra Pública, que indica que tiene un proyecto y un presupuesto. “En este caso lo confeccionan la Secretaría de Planeamiento y la Munici-palidad, que presentan este proyecto. Todo es fuente del expediente de la obra Centralidad Pinamar”.
Por otro lado cuestionó que se contratara por un tiempo a una arquitecta de forma externa para realizar la supervisión de la obra por 150.000 pesos, en lugar de asumir la Municipa-lidad esa tarea. Incluso se nombraron a otros profesionales para seguir al frente de esa tarea.
“La Secretería de Planeamiento tiene la obligación de cuidar los fondos en este caso que gira el Estado nacional. Y en-tendiendo que toda la obra pública en transferencia nacional es plata tomada de deuda”, afirmó.
En esa línea, Estanga reclamó que Yeza dé respuestas a la comunidad.
“Pinamar es uno de los municipios más mimados por el Gobierno”
En diálogo con La Tecla, el diputado nacional Rodolfo Tailhade destacó que Pinamar ha sido uno de los municipios más “mimados” por el Gobierno, al que le dieron de modo extraordinario entre “800 y 1.000 millones de pesos para obra pública”.
“El titular del Ejecutivo comunal es un chico que no solamente es titular de la Juventud -la agrupación La Generación-, sino que es una de las apuestas centrales políticas del Gobierno”, remarcó Tailhade. El legislador enfatizó que Yeza es una de las figuras del aire de renovación política que busca transmitir Cambiemos.
El diputado nacional no descartó que otras obras que se han realizado en el distrito estén atravesadas por irregularidades similares, e incluso extendió esa sospecha a todos los municipios gobernados por Cambiemos. “Se devela, realmente, que esta gente no vino con ninguna intención de transparentar nada, que era una impronta que decían tener. Tienen las peores prácticas de la política que ellos cuestionaron”, dijo.
“Al proyecto original se le fueron agregando cosas para enriquecerlo”
Mila Gómez Beret, secretaria de Planea-miento y Obra Pública del Municipio, explicó que a Centralidad Pinamar se le realizaron modificaciones hasta llegar al monto de 33 millones de pesos. Y atribuyó un fin político a la denuncia.
“Ellos (por los denunciantes) tomaron un anteproyecto, pero en las conversaciones de la Comuna con el Ministerio se le fueron agregando cosas, siempre con la intención de enriquecerlo”, afirmó.
Gómez Beret puso de manifiesto que la idea final contempló la reparación y colocación de una estatua icónica en Avenida Bunge y la playa, que no estaba presente al inicio. Los trabajos de restauración se habían cotizado en 800.000 pesos.
Asimismo señaló que se incluyó la reformulación del Paseo de los Artesanos, un predio venido a menos. Al mismo tiempo se refirió a las multas anuladas: dijo que fueron recomendaciones y la aplicación significaba romper la relación contractual con la empresa. Y, por otro lado, sostuvo que las observaciones realizadas por el Ministerio corresponden a indicaciones previas del mismo Municipio.
Denuncias por irregularidades en la habilitación de bares de playas
Dos funcionarios de Yeza quedaron bajo la lupa días atrás. Pablo Bertozzi, director de Fiscalización, y Sebastián Manrique, subsecretario de Inspecciones, fueron denunciados penalmente por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La denuncia apunta a que ambos omitieron controlar chiringos ubicados de modo clandestino en la playa y en cercanía a dos hoteles, a cuyos propietarios se responsabiliza.
En el primer caso se trata del hotel Marcín, cuyo responsable, Matías Astrada, sería amigo de Bertozzi, quien, además, es tío de Martín Yeza.
En el otro caso, la comercialización de bebidas en cercanías del hotel Puerto Pirata, está la empresa Demiford S.A., cuyo apoderado es Marcelo Manrique, padre del subsecretario. Tras la polémica, Manrique renunció esta semana.
“Entendemos que existe la posibilidad de asociación ilícita, fraude a la administración pública y hasta falsificación de documentos privados”, dijo Daniel Bermúdez, edil de PROPIN, a La Tecla.
El secretario de Gobierno, Guillermo Benítez, respondió que se labró el acta de intimación cuando se detectó el problema, explicó que el Municipio cuenta con tres inspectores para “22 kilómetros de playa”, y pidió dejar que la Justicia investigue.
Desde el inicio de la gestión, Yeza tuvo denuncias. La primera fue por “acopio irregular de arena”. También la oposición lo denunció porque él dijo que habían querido coimearlo y no hizo la correspondiente presentación judicial.
Condena por injurias
El Tribunal Correccional Nº 3 de Dolores condenó a Yeza y a la exconcejala Mercedes Taurizano a una multa de $10.000 para cada uno por injuriar al empresario y arquitecto Alejandro Berro Madero. Tanto el intendente como la edil lo llamaron en distintas oportunidades “ocupa” y “empresario inescrupuloso” mientras buscaba la extensión de un comodato de un predio con una empresa privada, que tenía, a su vez, relación con el Municipio.
Fuente: La Tecla
