Fue una audiencia larga y tediosa por circular: el fiscal Diego Luciani se empecinó en preguntar lo mismo con distantas palabras una y otra vez. El presidente Alberto Fernández negó este martes la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama «mucho la atención» lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que se está juzgando a la actual vicepresidenta por «decisiones políticas no judiciables» y durante casi tres horas explicó de diferentes modos que el criterio de un gobierno para distribuir la obra pública es político y por ende dinámico, en función de las necesidades que se presenten.
Fernández declaró ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Destacó que el expresidente Néstor Kirchner «siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas» y remarcó que «tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como Presidente».
También dijo que vio a Lázaro Báez una sola vez en su vida.
Cuando le preguntaron por primera vez cuál era el criterio para distribuir obra pública, el Presidente dijo que “son creterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan. Eso no tiene una regla. Los criterios son criterios de lo que uno entiende que lo que en ese momento está necesitando el país”.
Y agregó: “No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante”.
La insistencia en preguntar lo mismo
Lo explicó una vez, pero Luciani insistió con la misma pregunta hasta el cansancio.
Fernández respondió en cada ocasión a pesar de la queja de Maximiliano Rusconi, abogado del exministro de Planificación Julio De Vido sobre la iteración de la consulta. En cada ocasión, Fernández agregaba algo, pero siempre sobre la misma base, que fue subrayar el criterio político y dinámico para decidir cómo se distribuye el dinero para la obra pública.
«Todos nosotros creemos que la inversión pública es un gran motor para la economía y hay un principio rector que son cuestiones de naturaleza política. Algunos creemos esto, que el Estado tiene que estar presente y motorizar la obra pública y otros creen que deben hacerlo los privados. Hace un año hubo un terremoto en San Juan y decidimos que se construyen 1000 viviendas en San Juan. El criterio fue la necesidad. En el año 2003, la Patagonia tenía un infradesarrollo y hubo que hacer mucha obra. Es muy importante porque allí está toda la producción petrolera y pesquera», explicó el Presidente y agregó que en la actualidad le presta mucha atención a las provincias del norte, muy abandonadas por el macrismo.
«Nosotros en 2003 o en 2009 creíamos, como me pasa a mí ahora, que la obra pública es un enorme motorizador de la economía», afirmó.
«Quiero que entiendan que una vez que el Presupuesto es aprobado, es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al Presidente sobre cómo gasta el dinero de su ministerio», explicó el Presidente.
Cuando le volvieron a preguntar ya por enésima cómo asignaba los recursos en la ley de Presupuesto, reiteró: «un Presupuesto no es la decisión de un Presidente, todos los ministerios construyen sus números en función de sus necesidades y eso es revisado por el Congreso».
De hecho, el parlamento puede no acompañar ese Presupuesto y el primer mandatario recordó está gobernando sin él porque la oposición se negó a acompañar la llamada «ley de leyes».
«Una vez que el Presupuesto llega para ser aprobado como proyecto de ley sigue el tratamiento de cualquier proyecto de ley. Lo que quiero enfatizar es que es la ley más compleja de todas y se tiene que modificar muchas veces porque todas las provincias quieren defender sus intereses», detalló Fernández.
Un cruce con Luciani
Luego, el fiscal Luciani le hizo volvió a hacer una pregunta similar.
«Me da la impresión de que no me está escuchando bien», le dijo el Presidente al fiscal. El fiscal le respondió que lo había escuchado bien. Entonces Fernández le dijo que tal vez tuviera un problema de comprensión de texto.
Luciani le pidió a Fernández que no le faltara el respeto, el Presidente le dijo que no había sido su intención.
Luciani siguió haciendo preguntas que el tribunal consideró improcedentes, e insistió en hacer consultas sobre una obra en particular hasta que se lo permitieron después de deliberar en privado.
«En la planilla del presupuesto 2008 se informa un importe a devengar de 150 millones de pesos y la adjudicación fue de 225 mil persones de pesos. Hay 75 millones de pesos que faltan», señaló.
«Como le dije antes, no tenía presente ninguna de las obras, mi memoria es buena; pero no tanto, puede haber habido muchas explicaciones, pero no puedo arriesgar la explicación sobre algo que no conozco», reiteró Fernández.
Luego hubo una pregunta concreta sobre el funcionamiento del sistema de reasignación de partidas del Presupuesto.
«Si entiendo bien, la pregunta es si los ministerios podían reasignar los recursos que yo les reasignaba. Eso se llama reasignación presupuestaria y va a ver cuánto pasa y cuánto pasó durante la pandemia. Ahora, una vez que los recursos son reasignados, los ministros no reasignan, los ministro ejecutan», explicó Fernández.
