Finalmente se supo que los famosos contratos de dólar a futuro, que según el juez Claudio Bonadío podrían haber constituido un delito en el marco de una asociación ilícita, habían sido suscriptos por personas ajenas al kirchnerismo; y en más que muchos casos, vinculadas al PRO.
Esto no tiene más interés que el despertado por la causa inventada por Bonadío, que pretendió criminalizar el uso de una herramienta de política monetaria y cambiaria.
El tiempo verbal pasado a la hora de hablar de la causa es por la casi certeza de que la misma va camino a extinguirse, debido a que el único sostén que tenía era político (surge además de una denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo, legisladores nacionales de Cambiemos).
Conocer la lista de quienes ganaron con la maniobra del BCRA termina quitando del medio el móvil fundamental que motorizara la investigación: la asociación ilícita no cierra si los que ganaron con la operatoria no tienen ningún vínculo con los que decidieron aplicar la herramienta. Los contratos de dólar a futuro son instrumentos muy utilizados por los bancos centrales de todo el mundo como medio de intervención en el mercado cambiario a través del ejercicio de la política monetaria. Sirven para que el Banco Central le dé al mercado algún indicio de cómo seguirá administrando el tipo de cambio, y qué criterios usará en materia de expansión o contracción monetaria.
En el caso puntual de los contratos cuestionados, lo que decidió el ex presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, es fácil de explicar: identificó una demanda de dólares más importante que la que la entidad estaba dispuesta a afrontar mediante la venta de reservas. Esta demanda, si no se compensaba con oferta pareja, derivaría en una devaluación del tipo de cambio. Entonces, les ofreció a los potenciales compradores de dólares (a los que lo hacen en grandes cantidades) unos papeles sucedáneos del dólar, que actuarían como seguro de cambio. Es decir, los compraban a alrededor de 10 pesos, y a su vencimiento (en marzo) el Banco Central les aseguraba el cobro de esa suma más la diferencia con la cotización del dólar oficial de ese momento.
De esa forma se descomprimía la demanda de dólares y se alejaban temporalmente las presiones devaluatorias. Al menos en teoría. Lo que motivó la denuncia fue una comparación caprichosa. El dólar a futuro que vendía Vanoli cotizaba por debajo de los contratos que entre privados se celebraban en Nueva York, y era bastante menor al precio del contado con liquidación, que es un tipo de cambio financiero –el que pagan las empresas para fugar dólares del país legalmente–. Lo cierto es que si Vanoli hubiera debido ofrecer dólar a futuro a alguna de las cotizaciones de algunos de los dólares financieros que determina el mercado, estos contratos, como herramienta de intervención cambiaria, se habrían visto muy limitados. Justamente, a mayor autonomía del BCRA respecto del mercado para fijar valores, más efectivas pueden ser sus intervenciones.
La operación le reportó finalmente al Banco Central pérdidas por 70 mil millones de pesos, aproximadamente. Porque, al momento del vencimiento de los contratos, el dólar ya no estaba a 10 pesos, sino a alrededor de 16. Y hubo que pagar esa diferencia.
Ahora bien, es muy evidente que para que la operatoria fuese ruinosa era estrictamente necesario el concurso de la devaluación del tipo de cambio oficial, cosa que se encontraba fuera del alcance de Vanoli después del 10 de diciembre de 2015. Si el dólar en marzo de 2016 hubiese valido 10 pesos, no habría habido tales pérdidas. Es decir, la decisión de salir apresuradamente del cepo cambiario fue condición sine qua non para que el quebranto con los contratos de dólar a futuro, y para que quienes habían comprado estos contratos ganaran plata con ellos. Por ejemplo, el papá del Presidente; o actuales funcionarios, como Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, entre otros.
Y convengamos que, así como podía preverse que la salida abrupta del cepo derivaría en una unificación del tipo de cambio a un valor bastante más alto que 10 pesos, era bastante polémico que tal salida se hiciese en forma de shock y no, como sostenían por ejemplo los economistas del massismo, de modo gradual. De haberse salido por etapas de los controles cambiarios llamados cepo, tal vez se llegaba a marzo con un dólar de 11 o 12 pesos; y, por ende, las pérdidas del Central, y las ganancias de los compradores de contratos, habrían sido más módicas.
Así que la cuestión dependía bastante de las decisiones que tomaran quienes sí tenían vínculos con los ganadores de la operación. Independientemente de que uno tome partido por la devaluación brusca, o bien por la gradual, lo que no se puede negar es que se trató de una decisión voluntaria, tomada en pleno uso de las facultades gubernativas, con alternativas al alcance de la mano, y que tuvo consecuencias muy previsibles, tanto en términos generales como en el caso específico de estos contratos. En un contexto en el que, casualmente, varias personas ligadas al PRO podían hacer excelentes ganancias a partir de esta decisión.
Pero hay un factor más escabroso, todavía. Y es que, a partir del pago de dichos contratos, el dólar empezó a bajar, ubicándose hoy unos 50 centavos arriba de los 14 pesos, aproximadamente.
En definitiva, por más que diga lo contrario, la gestión macrista decidió premiar a quienes especularon con la suba del tipo de cambio. Concediéndosela, lisa y llanamente, acorde a lo que fuera promesa de campaña del actual presidente en el Coloquio de IDEA, cuando les dijo a los más grandes empresarios del país que durante su mandato el valor del dólar lo iban a poner ellos.
Otro detalle a observar es que para pagar los contratos de dólar a futuro el BCRA tiene que poner pesos. O sea, emitir moneda. Cosa que no concuerda con la intención de su actual conducción, que pretende aplicar una política monetaria contractiva, emitiendo menos y esterilizando la emisión a través del uso de Lebac, que pagan 38% de interés, y por lo tanto desincentivan a los bancos a prestarle al sector privado, al menos a tasas inferiores al 40% anual.
De esto puede dar testimonio cualquier persona de clase media que intenta refinanciar un saldo de tarjeta de crédito o que pide un préstamo personal para comprar algún bien durable.
Teniendo en cuenta esto, y que la operatoria contractiva con Lebac le representan al BCRA una pérdida potencial mucho mayor a la de los contratos de dólar a futuro, podemos sospechar de que se trata de una persecución ideológica por parte de los dueños de la política cambiaria y monetaria argentina en contra de alguien que intentó un camino distinto al de dejarse colocar el valor del dólar en el nivel “adecuado”, que sería el que les permite a los interesados ganar más plata.
Ninguna novedad, la legalidad es un hombre de paja tras el que subyacen disputas de poder.
Mariano Grimoldi