Por Daniel Ezcurra.
Toda problemática social es una construcción en la que participan opiniones e intereses distintos y muchas veces opuestos. Y no todas las voces tienen la misma resonancia.
La utilización mediática de hechos conmocionantes y del legítimo dolor de las víctimas tiene una enorme capacidad de instalar agendas en la sociedad. Y no siempre con resultados positivos. No hace falta más que recordar las modificaciones introducidas en la legislación luego del doloroso caso de Axel Blumberg. En aquel momento, los especialistas aseguraban, con poca recepción de una ciudadanía sensibilizada, que el endurecimiento de las penas y la intervención irreflexiva en el código penal no bajarían por si mismos los delitos graves. Decían una verdad que quedó sepultada por el ruido mediático. Y es que muchas veces, detrás de ese ruido, se agazapan intereses particulares de determinados sectores del poder.
Un ejemplo reciente lo tendremos al analizar el tratamiento indignado del periodismo monopólico contra los manteros, acusados de evasores; comparado con la forma de presentar la información sobre las 50 cuentas y empresas off shore no declaradas del Presidente Macri, sus familiares y amigos del alma.
El gobierno de Cambiemos a un año de gestión no pudo avanzar en el cumplimiento de ninguna de sus altisonantes promesas de campaña. La pobreza, el desempleo, la inseguridad, las persecuciones al que piensa distinto, el endeudamiento del país, la inflación, los tarifazos y aumentos, la pérdida del poder adquisitivo, la represión creciente son parte de la triste realidad de la mayoría de l@s argentin@s cuando se apagan los spot publicitarios.
Los menores de los sectores populares no son un peligro, están en peligro
Y cuando el ajuste y las políticas neoliberales empiezan a tener un fuerte impacto en la vida de los sectores populares y las clases medias; el ejecutivo, amparado en otro doloroso caso de inseguridad, lanza la propuesta de baja de imputabilidad a los menores.
La propuesta no es nueva, endurecer las penas como respuesta demagógica, simplista y punitiva para un problema complejo y multicausal. La represión como cara que el Estado muestra a los sectores populares.
La propuesta tiene como correlato la construcción mediática del “delincuente juvenil” peligroso para la ciudadanía; cuando en realidad son los pibes de los sectores populares los victimizados por una cadena de ausencias del Estado que suelen terminar en la violencia. Las estadísticas (avaladas por actual Ministerio de Justicia) nos dicen que los delitos graves cometidos por menores son una ínfima minoría. Esto lo sabe el gobierno y los medios de comunicación pero aun así instalan una medida que en ningún lugar del mundo ha demostrado su efectividad.
En América latina, tomando datos de imputabilidad de menores por país de Unicef y cruzándolos con los datos de homicidios cada 100 mil habitantes del Banco Mundial, no se puede encontrar una correlación directa y significativa entre ambas: una edad de punibilidad más baja no asegura una menor tasa de homicidios. Mientras, por ejemplo Argentina y Cuba tienen una edad de imputabilidad fijada en 16 años y están entre los seis países más seguros de la región; los ocho países más violentos tienen una edad de imputabilidad de 14 años o menos.
Abandonar el terreno de la demagogia para continuar con las políticas públicas inclusivas
Nuestro país, en el gobierno anterior, adhirió a la legislación internacional aprobando la Ley 26061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero también sigue en vigencia el Régimen penal juvenil de 1982 (Ley 22278).
Es decir que la actualización de este último es un debate necesario, pero que pierde toda seriedad cuando el gobierno impulsa la única medida, de todas las transformaciones en debate, desaconsejada por los organismos internacionales y los especialistas.
Un Régimen penal que contemple el debido proceso, medidas socioeducativas, penas adecuadas que busquen alternativas a la privación de la libertad, políticas públicas inclusivas para menores y adolescentes, promoción mayor de derechos y un profundo debate con las familias, la escuela, los sistemas asistenciales, los gobiernos locales, el mundo del trabajo, las fuerzas de seguridad y el sistema penal juvenil es el camino. Un camino que no dará frutos instantáneos (ninguna transformación profunda los da) pero que asegurará una senda donde no sean el facilismo, la demagogia, la estigmatización y la naturalización de la exclusión los pilares de las soluciones que toda la sociedad, y en especial, los menos privilegiados merecen.
Daniel Ezcurra