Una jueza federal de la provincia de Chaco dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de Resistencia.
La ex intendenta de Resistencia está imputada de «haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios».
Las investigaciones judiciales apuntan a la empresa Pimp SA, encargada de la recolección de residuos en Resistencia, caso en el que su actual intendente, Jorge Capitanich, prestó declaración testimonial ante la jueza Niremperger.
En relación con esta causa están ya detenidos el empresario Pedro Martínez, su hija Natalia Martínez Guarino, el gremialista Jacinto Sampayo, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar.
El procesamiento con prisión preventiva de Ayala fue dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien también dispuso similares medidas para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros.
La misma medida fue aplicada a Alejandro Fischer, Patricia Vázquez, Rolando Javier Acuña y Fátima Rigassio, el resto de los imputados en la causa.
Así lo informaron a Télam fuentes judiciales que precisaron que la jueza ordenó además embargos a distintas empresas bajo investigación y la inhibición general de bienes de Ayala y del resto de los procesados.
Ayala, quien tenía previsto fundamentar hoy su pedido de eximición de prisión ante la Cámara Federal de Apelaciones, no pudo presentarse debido a una indisposición por la que debió ser internada en la madrugada en un sanatorio de Resistencia, indicaron allegados de la diputada.
No obstante, sus abogados defensores, encabezados por el excamarista Ricardo Gil Lavedra, presentaron una apelación documentada al tribunal de alzada.
La Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero de Ayala formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli.
Esa comisión postergó días atrás una definición sobre el pedido de desafuero de Ayala. «Al día de hoy no hay ningún motivo para desaforarla ni tampoco para detenerla», argumentó en esa oportunidad Tonelli cuando suspendió la reunión. Y agregó: «En ese contexto, para que Ayala permanezca detenida hace falta que la jueza dicte el auto de prisión preventiva, algo que todavía no hizo». Ahora eso sí ocurrió.
Gil Lavedra consideró hoy que es «arbitrario» el pedido de desafuero cursado por la jueza Niremperger.
En este sentido, señaló que la apelación presentada hoy por la mañana explica «las razones» por las cuales la defensa de Ayala entiende que «no hay ningún motivo» por el cual la legisladora «deba estar detenida».
