Dos exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fueron procesados este viernes por las irregularidades detectadas en la contratación de cursos de oratoria por 125 mil pesos para el exadministrador general de ese organismo, Javier Iguacel, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Sebastián Casanello y alcanzan al excoordinador General de Recursos Humanos de Vialidad Nacional, Alejandro Manuel Caviglia, y al coordinador general de Administración y Finanzas de esa dirección, Jorge Del Pup.
El magistrado los procesó por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, no solo por los cursos de oratoria sino también por irregularidades en la contratación de médicos y la utilización de los fondos de la denominada «caja chica».
«La investigación permitió corroborar, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa, que se utilizaron fondos públicos asignados a la DNV de manera irregular al no dar cabal cumplimiento a la normativa que, como funcionarios públicos, los imputados estaban obligados a respetar», sostuvo el juez Casanello en un fallo 44 páginas al que tuvo acceso Télam.
«Nos encontramos con dos contrataciones que tendrían que haberse desarrollado conforme la ley de contrataciones -por medio de licitación, concurso o contratación directa- que son: 1) los cursos de comunicación efectiva y 2) la contratación de médicos», detalló el magistrado.
Contrataciones
El trámite de contratación de los cursos de oratoria comenzó el día 5 de diciembre del año 2016 con la nota número 4795, titulada «Curso de comunicación efectiva para el Ing. Javier Iguacel» firmada por Caviglia y dirigida a Del Pup, aunque surge de la investigación que las facturas utilizadas para justificar el gasto son todas anteriores a esa fecha.
En esa nota, se aseguraba que, «habiendo tomado conocimiento de las funciones conferidas al Sr. Administrador General y en pos de reforzar sus habilidades en cuanto a la comunicación efectiva que resulta imprescindible para la gestión, se considera necesario hacer hincapié en el desarrollo de técnicas de exposición oral y la valorización de la palabra como herramienta principal unida a la capacidad de liderazgo».
También, se sostenía que adquirir esa capacidad resultaba primordial para el ejercicio de la función encomendada a Iguacel, lo que supuestamente justificaba la contratación de «servicios especiales en la materia», y la aplicación de procedimientos de excepción solo habilitados para casos de necesidad y urgencia.
«Se recomienda la utilización de un procedimiento de excepción dado que la urgencia no permite la tramitación de procedimiento alguno según la normativa en materia de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Nacional», rezaba la nota que a la vez recomendaba la contratación de la Escuela de Arte de Cecilia Maresca porque era «la única empresa que [contaba] con la capacidad de efectivizar el mencionado curso de manera inmediata sin reservas ni listas de espera».
El análisis de las constancias que obran en el expediente «demostró que la facturación emitida correspondía a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2016, es decir que eran anteriores al expediente administrativo que se inició para la tramitación de la contratación de ese mismo servicio», indicó el juez en el auto de procesamiento.
Sobre las irregularidades en la contratación de médicos, en el procesamiento se indicó que se llevó a cabo sin pasar por los debidos procesos administrativos y que sin considerar que Vialidad Nacional contaba con un equipo de médicos bajo la órbita del área de Recursos Humanos.
Ese hecho tiene su origen el 31 de julio del año 2017 cuando el Caviglia, como coordinador de Recursos Humanos, le remitió un oficio titulado «Contratación Médicos Especialistas para conformación de Juntas Médicas» al Coordinador General de Administración y Finanzas, Del Pup.
Por medio de dicha comunicación informó que, con el objeto de verificar la legitimidad de licencias médicas de largo tratamiento otorgadas a agentes de Vialidad Nacional y toda vez que se podrían estar generando erogaciones ilegitimas en el pago de haberes, «se tomó la decisión de contratar en directo a los Dres. Ester Norma Martín y Marco Federico Alejo para la realización de juntas médicas».
Esa contratación costó 92.000 pesos y se llevó a cabo sin considerar que, por ejemplo, el organismo tenía su propio equipo médico.
Por otra parte, en el expediente se acreditó que se realizaron gastos de caja chica para cubrir pagos que nada tenían que ver con el funcionamiento del organismo sino más bien para beneficio de algunos de sus funcionaros que costearon de allí sus almuerzos, desayunos y otro tipo de gastos de índole personal.
«De acuerdo con el material recopilado a lo largo de la investigación, se evidencia de que todos los gastos que se realizaron en infracción a la normativa fueron gracias a que el responsable de los fondos autorizó –mediante la creación de una nueva disposición a los titulares de las Cajas Chicas a efectuar gastos con el único requisito de que fueran ´menores´, suprimiendo y obviando las exigencias atinentes a la urgencia y excepcionalidad, ocasionando que se compraran todo tipo de bienes consumibles que no debían ser solventados con tales fondos y que a simple vista no respondieron a una utilidad para la DNV», sostuvo el juez en el fallo.
A Jorge Rubén Del Pup, Casanello lo procesó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y le atribuyó el dictado de resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales y le atribuyó el no haber ejecutado las leyes cuyo cumplimiento le incumbía. Además, le trabó un embargo de bienes hasta cubrir los 500.000 pesos.
En tanto, a Caviglia lo embargó por 250.000 pesos y le atribuyó el mismo delito, pero solo por ejecutar las leyes que le incumbían para las funciones que desarrollaba.
