Según informa el diario Clarín, el gobierno planea una mayor inversión en infraestructura en los pasos de frontera, mejorar el sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedido de captura de los ingresantes, instalar un cuestionario más estricto, expulsar a los inmigrantes irregulares, entre otras medidas.
La iniciativa es diseñada por los ministerios de Seguridad e Interior, del que dependen Migraciones y el Registro Nacional de las Personas, y se implementará a través de un decreto que persigue un cambio de reglamentación en ese área.
Uno de los principales ejes consiste en endurecer las exigencias para los ingresos a través de cuestionarios más exigentes. Sin embargo, las medidas requieren un análisis exhaustivo debido a que se pueden contraponer con los acuerdos vigentes del Mercosur. Además, se prevé la creación de un fuero especial para agilizar los procesos y una policía migratoria.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó: “Estamos estudiando el tema para que a la Argentina ingresen las personas que quieran trabajar pero no los que tengan antecedentes penales y ya sepamos la conducta que han tenido en sus países de origen”.
Por último, Horacio García, director de Migraciones, subrayó: “No queremos fomentar ánimos xenófobos, que están en la sociedad. Nuestro adversario a vencer es la migración irregular, no el inmigrante”.
