Durante la jornada de este lunes, Alberto Fernández se manifestó en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia por la causa de la cooparticipación con Ciudad de Buenos Aires.
Durante la jornada de este lunes, Alberto Fernández se manifestó en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia por la causa de la cooparticipación con Ciudad de Buenos Aires.
Lo hizo a través de Twitter expresando, en primer lugar, que las políticas públicas que dispone el PEN, se aplican en todo el territorio nacional, y entonces, se verá resentida la gestión del Estado en las provincias argentinas, que por supuesto serán perjudicadas.
Tal es así que explica: «el actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación), actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento.
Es por esto que el Presidente, ante una «decisión cautelar», como afirma él, la cual de fundamentación suficiente, instruyó al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria «in extremis» contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise esta medida.
En ese sentido, ordenó recusar a los jueces del máximo tribunal porque han fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida. A su vez, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias.
Referido a la ley, también dijo que el artículo 22 de la 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Y aclara, «ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos».
También remarcó que instruyó a la JGM para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA.
En este marco, cuenta que esta transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes.
Además, destacó que instruyó al MECON para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial, conforme dispone la Ley 23.982, en su artículo 22.
