CFK sorprende y marca otra vez la agenda política

Cristina Kirchner está decidida a avanzar con las sesiones por teleconferencia como la mayoría de las legislaturas del país y de la región, pero antes quiere que la Corte Suprema garantice que las leyes aprobadas sean válidas.

Este martes la directora jurídica del Senado, Graciana Peñafort, le pedirá al máximo tribunal una declaración de certeza sobre la constitucionalidad de una votación por sistema Zoom y si la consigue la vicepresidenta estará dispuesta a reabrir el Congreso, cerrado desde que se inicio la cuarentena por el coronavirus. 

Sólo así será posible tratarse el proyecto para gravar los altos ingresos que Máximo Kirchner presentará en Diputados el viernes o lunes, previo testeo con la Casa Rosada. 

Además, esta semana Sergio Massa prevé firmar convenios con el Registro de las Personas (Renaper) y Arsat para garantizar la identificación de los diputados y la conectividad en caso de autorizarse las sesiones por teleconferencia.

En esa Cámara el oficialismo no tiene mayoría y por lo tanto necesita respaldo de bloques opositores para autorizar un cambio reglamentario que habilite votar por internet. Hasta ahora, en Cambiemos no hubo posiciones unánimes sobre cuál es la mejor modalidad para sesionar en cuarentena sin arriesgar la salud de los legisladores.  

Algunos creen que las sesiones online pueden permitirle al Gobierno aprobar leyes en cadena sin costo político y previeren una modalidad «híbrida», con algunos diputados en sus bancas y otros en el despacho.  Pero otro grupo, como el radical Alejandro Cacace, presentaron un proyecto para debatir cuanto antes por teleconferencia.

En el Senado, Cambiemos le pidió a Cristina Kirchner por carta reactivar la actividad parlamentaria pero no propuso protocolos sanitarios. Tampoco los hubo en el comunicado del PRO, firmado por Mauricio Macri, que en uno de los cinco «ejes» solicitados para combatir la pandemia pidió que sus bloques parlamentarios puedan «desarrollar con normalidad sus funciones, como ya le expresamos a los presidentes de ambas cámaras el martes pasado».

Con este planteo de Peñafort, Cristina se metió por primera vez en el debate y anticipó que está en sus planes presidir sesiones por teleconferencia, pero en su entorno aclararon que sería sólo para tratar proyectos impositivos, que junto a los penales y electorales la Constitución prohíbe legislar con decretos de necesidad y urgencia. 

El resto de las medidas oficiales seguirán siendo tomadas por DNU, que son válidos desde su publicación y sólo pueden ser rechazados por las dos Cámaras del Congreso, imposible con la mayoría oficialista que hay en el Senado. Aún así, por comunicado, en Cambiemos le exigieron al diputado kirchnerista Marcos Cleri convocarla, aunque aún no haya manera de firmar dictamen. 

Anticiparon su rechazo al DNU 351, que transfirió a los intendentes la fiscalización y control del cumplimiento de las actividades de defensa de la competencia. Consideraron que la legislación actual no le permite a Alberto delegar esa tarea en otra jurisdicción. 

Si la Corte no pone objeciones, para votar desde la PC restaría un cambio de reglamento en ambas Cámaras, un trámite que sin posibilidad de sesiones presenciales sólo podría conseguirse con resoluciones de Cristina y Massa avaladas por la oposición. No todos los cambiemistas simpatizan con esa idea. 

El proyecto más esperado es el de Máximo, del que hasta ahora sólo se sabe que gravará por única vez a los millonarios de las Argentina, el «club Forbes», como le llaman, que deberían pagar un impuesto porcentual a sus fortunas. 

«Sería el uno por ciento de la población con altos patrimonios: las grandes corporaciones, los bancos, las grandes compañías de seguros, los grandes laboratorios, las grandes cadenas de supermercados, entre otros», precisó Carlos Heller, el diputado que preside la Comisión de Presupuesto y asesora a Máximo en este proyecto.

Pero también se espera un paquete leyes del Gobierno para combatir la pandemia, como la baja de impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud y la exención por la compra de insumos médicos, que Alberto esperaba tratar hace un mes pero chocó con la resistencia del Senado a sesionar. Ahora está dispuesto. Y por internet. 

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