La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizará hoy la primera de las audiencias en las que se recibirán testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el Presidente Alberto Fernández y gobernadores.
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizará hoy la primera de las audiencias en las que se recibirán testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el Presidente Alberto Fernández y gobernadores.
La presidenta de la comisión, la oficialista entrerriana Carolina Gaillard, convocó a la comisión para las 11, en el que será el quinto encuentro desde que se inició el proceso.
Para la jornada fueron convocados los magistrados Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires), quienes, según fuentes del ámbito de la Justicia indicaron a Télam, asistirán al Congreso.
Existía la duda en el mundillo judicial sobre el alcance de la citación: el artículo 250 del Código Procesal Penal incluye a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación entre quienes no están obligados a comparecer cuando son citados como testigos, pero el reglamento de la comisión de Juicio Político dispone lo contrario.
“Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la comisión a testimoniar”, se indica en el reglamento de la comisión, por lo que los funcionarios convocados habrían interpretado que la citación no tiene carácter de opcional.
Los testimonios de ambos magistrados están vinculados al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat de Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como “Consejo de la Magistratura” y “Coparticipación”.
En cuanto al desarrollo de la comisión, el representante del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (único integrante de la comisión ajeno a los 16 del Frente de Todos y a los 14 de Juntos por el Cambio), insistió en la posibilidad de “evaluar si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de esa comisión”.
El bonaerense recela de dos pedidos que el oficialismo le rechazó en las últimas dos reuniones: uno para aplazar el inicio de uno de los encuentros con el fin de poder interiorizarse mejor sobre los expedientes que se consideraban, y otro para que se invitara al Presidente Alberto Fernández a la comisión, en su carácter de impulsor de uno de los expedientes en debate.