Según explicó el gobierno, en la apuesta de «corregir situaciones inequitativas» y frenar la creciente litigiosidad que derivó en el inicio de más de 127.000 juicios en 2016, el ejecutivo modificó ayer mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el régimen de Riesgos del Trabajo, una medida con la que confía reducir en $ 19.000 millones los costos anuales del sistema.
Sin embargo, desde la oposición llovieron las críticas tanto por la medida como por la utilización de un DNU, al punto que algunos dirigentes anticiparon que reclamarán su inconstitucionalidad en la Justicia. No obstante, desde el Ejecutivo defendieron el decreto con el argumento de la necesidad de generar condiciones para la creación de empleo y frenar la creciente litigiosidad del sistema que deriva en un aumento de los costos laborales de las empresas.
Según las estimaciones gubernamentales, actualmente el costo anual del funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo alcanza los $ 50.000 millones y la expectativa oficial es que se reduzcan en el mediano plazo a $ 31.000. Es decir, un ahorro anual de $ 19.000 millones producto de una reducción en los montos de las alícuotas, las prestaciones que brindan las obras sociales y los trámites del sistema que financia el Estado. Y advierten que la mitad de las alícuotas actuales se explica por los efectos de la litigiosidad.
En esa línea, además, en el Gobierno señalan que si bien la reforma incrementa las prestaciones dinerarias del régimen (una suba promedio del 50%), confían que a medida que se consoliden los cambios establecidos por la reforma ese aumento se compensará con la disminución de los nuevos juicios. «Creemos que en el mediano plazo habrá una baja sustancial de juicios que redundará en un ahorro muy significativo para el sistema», afirmaron las fuentes.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, abonó ayer esa aspiración.
«Se busca dar certeza de cobertura de seguro a los empresarios, lo que también era parte del problema, porque había aumentado el promedio de la alícuota que se estaba pagando y eso iba en detrimento de la posibilidad de generar empleo», señaló el funcionario. Y añadió que en los últimos años hubo «un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado. Eso generó la famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores».
En sintonía, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que la reforma apunta a que «no se sigan acumulando juicios» y a generar condiciones para «subir la cantidad de empleo formal en el sector privado».
El DNU 54/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial, incorpora como elemento central que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial. Sus resoluciones tendrán carácter de «cosa juzgada» en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo. Los procedimientos y el funcionamiento de las comisiones será reglamentado por una resolución adicional que el Gobierno emitirá antes del 28 de febrero próximo.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires la reforma entrará en vigencia en forma inmediata, en tanto que en las provincias dependerá de la adhesión por parte de las respectivas legislaturas.
