Con votos del FpV, Cambiemos aprobó el pago a los holdouts

Tras trece horas de debate, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó dar sanción definitiva a la ley que abre las puertas para el pago a los fondos buitres.

Para que habilitar la derogación de de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, el oficialismo necesitó del acompañamiento de varios legisladores del Frente para la Victoria, principalmente aquellos ligados a los gobernadores que posee el armado.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en general por 54 votos positivos (23 de ellos aportados por el PJ-FPV, más sus 2 aliados del PJ-La Pampa y la senadora del partido Renovador Salteño María Fiore Viñuales, quien armó bloque propio aunque ingreso al Senado por la lista del FPV) y 16 en contra, correspondientes a los legisladores kirchneristas.

Una de las voces del gobierno en el recinto fue el senador Julio Cobos quien señaló que desde el Ejecutivo nacional se «está haciendo todo lo posible para cumplir con la sentencia judicial» para sacar al país del default, y aseguró que -pese a existir el plazo del 14 de abril para efectuar el pago de 11.684 millones de dólares- «los tiempos los ponemos nosotros», para luego precisar que si todos los bonistas aceptasen la oferta argentina, se terminará pagando un interés de 4,8 por ciento, una tasa menor que el 7 por ciento que se le pagó al Club de París.

Por su parte, el jefe de la bancada del FpV, Miguel Pichetto, reconoció la división del peronismo al momento de la votación, y tras confirmar su acompañamiento le pidió al gobierno “la renuncia al Procurador del Tesoro (Carlos Balbín), porque el gobierno necesita de gente valiente. Derivó todo a los abogados de Estados Unidos».

Entre las opositoras se encontró la legisladora santacruzeña, María Ester Labado, quien además fue la autora del dictamen de minoría y recordó que «el 93 por ciento (de la deuda) lo reestructuró el gobierno de Néstor y Cristina (Kirchner)» y dijo que «los juristas que pasaron», por la ronda de consultas realizada en el Senado, «dijeron que sí» es probable que los bonistas que aceptaron los canjes de títulos anteriores inicien acciones legales contra la Argentina.

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