El viernes pasado se presentó un recurso de amparo con el fin de que se declare la «nulidad absoluta e insanable, ilegalidad, inconstitucionalidad, arbitrariedad manifiesta e inaplicabilidad, ordenando la revocación o sustitución» del convenio firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la empresa multinacional McDonald’s.
Dicho convenio, firmado el día 13 de mayo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados Argentina S.A, establece que esta última -que actualmente cuenta con 16.809 trabajadores en relación de dependencia- incorporará a 5.000 nuevos trabajadores bajo la forma de practicantes «con posibilidad de progreso».
Los trabajadores recibirán una remuneración de $4.500, siendo ese valor inferior al salario mínimo, vital y móvil. Para los autores de la acción, esto significa «una amenaza no sólo al sostenimiento de los puestos laborales ya existentes sino también a la incorporación de trabajadores en relación de dependencia regidos por el CCT».
El amparo fue presentado por las diputadas nacionales del FpV Araceli Ferreyra, Lucila De Ponti y Silvia Horne, junto al secretario nacional de Juventud de la CTA, Matías Zalduendo. Ellos solicitan que se suspenda la aplicación del convenio, así como también se lo declare inconstitucional y «violatorio del orden público laboral, así como del derecho internacional y la propia Constitución Nacional».
En el escrito se detalla que «del contenido de este convenio se desprende que los trabajadores podrán estar contratados conforme a esta figura en reiteradas oportunidades, durante el cual no tendrán recibo de sueldo, no se abonará sueldo anula complementario, tampoco los recargos por la prestación de tareas durante días feriados y fines de semana ni la diferencia salarial conforme a la categoría del trabajador según la tarea especifica desempeñada».
Agrega la presentación que «sumado a esto, es preciso remarcar que la empresa evade las contribuciones y aportes solidarios a nuestro sistema de Seguridad Social, ya que el Estado no se lo exige en el desarrollo del convenio».
Ferreyra, De Ponti, Horne y Zalduendo esperan «la pronta resolución por parte de la Justicia». Resaltan además, lo que ellos consideran «la preocupante tendencia del Poder Ejecutivo Nacional de aplicar políticas de gobierno que benefician ampliamente a los grandes empresarios y perjudican de forma sistemática a los trabajadores».
