El presidente de la Nación, Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, estudian la suspensión de la Ley de alquileres, que está vigente desde mediados del 2020 y que generó fuertes polémicas entre oficialismo y oposición en los últimos años.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, estudian la suspensión de la Ley de alquileres, que está vigente desde mediados del 2020 y que generó fuertes polémicas entre oficialismo y oposición en los últimos años.
Para el ministro de Economía, “nunca una ley fue tan clara en fracasar con todos los actores” y señaló que la Ley «que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino».
Desde el Ministerio de Economía reconocieron a Infocielo que la medida de suspender la normativa «está siendo estudiada». La conversación se dio en el marco de la comida que compartieron el jefe de Estado con el funcionario en la Casa Rosada, tras regresar del viaje que ambos hicieron a Estados Unidos por la reunión bilateral con el mandatario de aquel país, Joe Biden.
«La ley de alquileres no funcionó; la impulsó nuestro Gobierno pero la acompañaron todos los espacios. Pero fue pensada para otra economía, con una economía actual como la que tenemos», señaló a Infocielo el diputado provincial del PRO y autor de la Ley de alquileres, Daniel Lipovetzky.
En tanto, marcó que «más que suspender la ley por un DNU o una medida excepcional, si el Gobierno quiere hacer algo debería darle el mandato a su bloque para que acompañe el dictámen que se emitió el año pasado en Legislación general donde se plantearon cambios; no se pudo avanzar porque se opusieron; el camino legislativo sería mucho más seguro».
Entre los puntos más relevantes de la normativa, se destaca el cálculo del precio del alquiler una vez por año con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec y con contratos por tres años, ya que antes era por dos y cada seis meses se actualizaba el precio.
También marca la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al tiempo que establece que aquellas expensas que deriven de gastos habituales quedan a cargo del locatario.
