Con 127 votos a favor y 84 en contra diputados logró convertir en ley el proyecto que regula la venta del patrimonio nacional. Las acciones que correspondan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que administra la Anses, no podrán ser vendidos sin que cada Cámara se pronuncie con dos tercios de los votos.
La iniciativa, que evita la especulación y la privatización, fue sancionada con el apoyo del Frente para la Victoria (FpV) y sus aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, Partido Solidario Si y el Movimiento Popular Neuquino.
Las acciones corresponden a la estatización de las Afjp que adquirió la Anses en 2008, bajo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en la administración de un conglomerado de empresas como Telecóm, el Grupo Clarín el Alto Palermo, el Banco Macro, Pampa Energía y Quickfood, entre otras.
El flamante articulado crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee) que funcionará como un organismo coordinador de los derechos accionarios y también establece el funcionamiento de una Comisión Bicameral de control parlamentario y un Consejo Consultivo.
La votación cerró 127 votos a favor, 84 en contra y cinco abstenciones, del bloque Unidad Popular (Víctor De Gennaro y Antonio Riestra) y el Frente de Izquierda (Pablo López, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño).
Durante la sesión, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda , Roberto Feletti explicó que la norma implica «un cambio fundamental» porque concluye con «un ciclo que comenzó en los 90 en el cual el Estado se dedicó a perder activos y a aumentar pasivos, y que desembocó en crisis de 2001».
“Estas participaciones involucran una presencia del Estado muy fuerte en temas como energía, gas, transporte, industria, distribución de comercio y bancos”, explicó Feletti.
Aunque no acompañó la medida el diputado Ricardo Alfonsín, señaló a este medio que “se trata de una ley que debería haber sido sancionada hace años”. En coincidencia, Patricia Bullrich consideró que con “esta ley lo único que se pretende es asfixiar al próximo gobierno” porque la clausula que regula la venta de las acciones estatales “es inconstitucional por tratarse de una mayoría absolutisima de los dos tercios de cada Cámara”.
