La entidad de pequeños y medianos productores agrarios se declaró en alerta y movilización por la pretensión de la multinacional Monsanto, de cobrar un canon por la utilización de la innovadora tecnología para semillas desarrollada por la empresa, llamada Intacta.
La FAA además disparó contra el gobierno de Mauricio Macri, por no tomar medidas para defender a los productores y ser “cómplice” de la gigante estadounidense.
Mediante un comunicado la entidad declaró en este sentido: “Hasta ahora el Gobierno ha declarado estar de acuerdo con nuestros planteos en contra de la multinacional. Pero hasta el momento no hizo nada para frenar sus abusos. Así, este gobierno continúa con las políticas kirchneristas -que tanto critican- beneficiando a Monsanto y perjudicando a los agricultores y cooperativas. FAA desde el 2014 denuncia estas ilegalidades y el abuso de posición dominante que ejerce esta empresa y convalidan los gobiernos. Ahora, en medio de la cosecha, somos damnificados directos y avanzaremos en un plan de lucha, cuestionó la Federación Agraria. «Los tiempos acucian y urge que se detengan las prácticas abusivas y monopólicas que hoy padecemos”, agregó la entidad gremial empresaria.
El conflicto en estos momentos es porque la cerealera pretendía que los productores no acopien semillas de lo producido por ellos mismos, para después sembrarlas, ya que la genética de las mismas había sido desarrollada y patentada por la empresa. Si bien cedió en esta demanda, ahora pretende que por cada cosecha los productores paguen un canon por la utilización de la semilla desarrollada por Monsanto.
«Los más destacados especialistas en la materia ratificaron con sus exposiciones nuestros reclamos, nuestro derecho al uso propio y la ilegalidad de las pretensiones de Monsanto. El Gobierno también lo sabe, tanto el presidente como sus funcionarios», continúa el comunicado.
En esta línea la entidad reiteró que defiende «el derecho ancestral de uso propio de la semilla, consagrado en la ley actual, y repudiamos toda violación a la ley de semillas vigente y a toda práctica ilegal de multiplicación que hoy no esté comprendida en la legislación». Aclara además, que no busca que los productores se conviertan en «arrendatarios de la semilla» y exige «un rol activo y presente del Inase que ejerza el control que nunca debió relegar y que persiga a quienes intentan aplicar un canon ilegal que actúa como una retención privada y también a quienes con sus acciones ilegales se transforman en cómplices».
