Walter Festa, intendente de Moreno, denunció penalmente a su antecesor en el cargo, Mariano West, ante la Justicia Federal por delitos contra la Administración Pública, haciendo extensiva la acusación a toda persona que surja como responsable en el marco de la investigación correspondiente.
La denuncia tiene por objeto solicitar la investigación judicial del informe realizado por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre el Ejercicio 2015 de la Municipalidad de Moreno, respecto a diversas licitaciones de obra pública realizadas durante la gestión de West.
A partir de este informe, Festa decidió hacer la denuncia. Entre las irregularidades que se le adjudican a West se encuentran la malversación de fondos públicos; las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; exacciones ilegales y el fraude contra la Administración Pública.
En concreto, lo hallado arroja varios incumplimientos en lo relativo a disposiciones legales y reglamentarias, entre ellas la falta de rotación de proveedores que exige el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades; la inexistencia de documentación que acredite idoneidad y capacidad para ejecución de obras y la ausencia de los elementos que se exigen para la adjudicación. También, el incumplimiento de plazos y la falta de firma del representante técnico de la empresa y del acta de recepción definitiva de la obra.
Por otro lado, en el informe del Tribunal de Cuentas se descubrieron incongruencias económicas en lo relacionado a egresos de fondos, entre éstas la sobrefacturación por metros cuadrados, el pago total de obras que no fueron culminadas y la existencia de montos pagados que exceden lo pactado en el precio unitario.
Otras faltas graves que originaron la denuncia son la emisión de órdenes de pago por productos o servicios que aún estaban pendientes de entrega y la inexistencia de adecuación a la oferta más conveniente para el Municipio.
Los hechos planteados significan “Delitos contra la Administración Pública”, tipificados en el Código Penal de la Nación con penas de hasta 15 años. La denuncia fue acompañada de elementos probatorios como copias de órdenes de compra, observaciones del Tribunal de Cuentas y Decretos de adjudicación, entre otros. Las cifras en análisis son millonarias, ya que respondían a licitaciones privadas y públicas para realización de obras de infraestructura.
