Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, consideró que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que reclamó al Estado argentino “liberar de inmediato” a Milagro Sala, es“bastante liviana” y adelantó que ni el Gobierno ni la Justicia local accederá al cese de la detención.
“Para mí es bastante liviana la opinión porque afirmar que está presa por el acampe y desconocer que se robaron $ 29 millones, que hemos visto todos los argentinos, no se ajusta a la verdad”, expresó hoy el mandatario jujeño en declaraciones a la prensa.
Según Morales, el Grupo de Trabajo de la ONU ,“tiene desconocimiento de situaciones, ya que cerraron un informe en abril por lo que no tienen toda la historia. Desconocen que ya es cosa juzgada, que no tienen fueros los parlamentarios del Mercosur y además hay dos prisiones preventivas dictadas contra Sala, así que me parece que no han contado con toda la información”, argumentó el gobernador de Jujuy.
En consecuencia, agregó Morales, la resolución que adoptó sobre Milagro Sala “desacredita al Grupo de Trabajo porque se sostiene de premisas que son falsas”.
“Casi diría que la línea argumental es la de la presentación del CELS”, añadió respecto del Centro de Estudios Legales y Sociales que denunció el caso ante el Grupo de Trabajo junto a Amnistía Internacional (AI) y la agrupación Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
Al mismo tiempo, desde el CELS, AI y Andhes refirmaron este martes que en su resolución “el Grupo de Trabajo consideró la información sobre todas las causas judiciales contra Milagro Sala, aportada tanto por las organizaciones que realizamos la denuncia internacional como por el propio Estado, y concluyó que ‘la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria’ y que debe ser liberada”.
El Grupo “entendió que Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención” y que el encarcelamiento “se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos”, por lo que solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Sin embargo, Morales sostuvo que la resolución aludida “se trata de una opinión que luego se reporta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no es vinculante, con lo que no genera ningún tipo de obligación sobre el Estado argentino o sobre el Poder Judicial”.
