La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció hoy acerca del tarifazo en la causa que fue remitida a la Corte Suprema de Justicia. La letrada pidió a la Corte que confirme el fallo de la Cámara de La Plata que frenó la medida.
Carbó hizo hincapié en la falta de audiencia pública, ya que eso “restringió los derechos de los usuarios”. El dictamen también señala que, «si bien es facultad del Ejecutivo definir la política pública en esta materia, el control judicial debe garantizar que su implementación se realice de acuerdo al marco legal vigente y sin afectar derechos humanos y fundamentales vinculados a la accesibilidad al gas».
La procuradora puntualizó que la Ley 24.076 de Gas Natural «dispone expresamente la realización de una audiencia pública en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia tarifaria” y agregó que el mismo mecanismo prevé el decreto 1738/92 —reglamentario del régimen de gas—.
El documento, publicado en el portal fiscales.gov.ar recordó que “una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”.
La procuradora General consideró que la multiplicidad de amparos y acciones judiciales promovidas a lo largo de todo el país demostró que el aumento tarifario podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas», agregó.
