El proyecto por la baja de la edad de imputabilidad, impulsado por el gobierno, para pasar de 16 a 14 años, la edad en la cual los menores pueden ser procesados y sometidos a juicio, no tardó en generar polémica y sus detractores elevan un fuerte rechazo por la iniciativa.
Ahora quienes hablaron fueron los gobernadores, quienes pueden hacer valer su peso en ambas Cámaras legislativas. El primero en rechazar la idea fue el salteño Juan Manuel Urtubey. Quien consideró que «no es correcto bajar la edad de imputabilidad. Lo que hay que hacer es establecer un régimen especial para menores». En ese sentido, el gobernador aseguró que un menor no debe tener el mismo trato que una persona de 40 años.
De todas formas Urtubey celebró la decisión del Gobierno de abrir una discusión en torno de qué hacer desde la Justicia para contener el creciente número de menores que delinquen. «Está bueno que esto se haya planteado en la Argentina, hay que discutir las cosas”
Por otro lado el ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, sostuvo que la baja de la edad de imputabildad «no colabora a solucionar el problema de la inseguridad».
«Personalmente no estoy de acuerdo con que se baje la edad de imputabilidad», señaló el funcionario del Gobierno de Juan Schiaretti en declaraciones a la FM 102.3 de la Universidad Nacional de Córdoba.
El ministro cordobés, indicó que los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal son, «en su gran mayoría, jóvenes que provienen de la exclusión y de la inequidad social». Y advirtió que la prioridad es «remover esas causas a través de una política nacional donde se encuentren incluidas todas las provincias para discutir y establecer un programa claro que tienda a remover los obstáculos en relación a los flagelos de las drogas, la indigencia y la pobreza».
Asimismo el secretario de Seguridad Ciudadana de la provincia de Tucumán, Paul Hofer, cree que la medida puede terminar siendo contraproducente. Según su opinión, lo que necesitan los jóvenes no es la cárcel sino educación y contención. Además, aclaró que si el proyecto llegara a aprobarse en el Congreso, podría agravar la problemática de los adolescentes que delinquen, ya que hubo experiencias similares que fueron «desastrosas».
