Por Mariano Grimoldi
Se le llama Curva de Phillips a la expresión gráfica a través de la cual se expresa un postulado teórico que vincula matemáticamente a la inflación con el desempleo. Tiene, casi obligatoriamente, un capítulo en cualquier manual básico de economía.
En un eje de coordenadas en que se vinculan los valores de ‘x’ con los valores de ‘y’ –que para el caso son la tasa de inflación y la de desempleo–, se obtiene una curva con pendiente negativa, lo cual significaría que el aumento de una se da en conjunto con la disminución dela otra, y viceversa. El desempleo y la inflación son, según este modelo, inversamente proporcionales. Lógicamente, este esquema se aplica a situaciones específicas en que las variables muestren valores más o menos habituales, y no exageradas. La idea fundamental del diseño es que para combatir situaciones de desempleo relativamente elevado se toman decisiones que promueven presiones inflacionarias. Para el caso de una inflación que ronda el 25% o 30% anual y una tasa de ocupación cercana al pleno empleo, la Curva de Phillips es aplicable, pero en sentido inverso: básicamente, puede utilizarse para sugerir que la aplicación de políticas contractivas para hacer disminuir el alza de precios podrá derivar en un aumento del desempleo. Mientras tanto, en el mundo real, con altibajos, con problemas, a los tropiezos, el plan económico del gobierno nacional avanza.
La primera etapa consistió en la estabilización del mercado cambiario. Se eliminaron los elementos de control del mal denominado cepo y, por ende, se unificaron los diversos tipos de cambio existentes hasta entonces. La idea de mantener valores diferenciales del dólar en función de las necesidades dispares que tienen las distintas actividades productivas fue abandonada, y se la reemplazó por otra consistente en poner como objetivo el establecimiento de un tipo de cambio financiero atractivo, al cual las actividades productivas y comerciales naturalmente competitivas puedan adaptarse fácilmente, mientras que aquellas que no lo sean perderán cualquier forma de protección de ese tipo, que en los manuales ortodoxos es considerada como espuria.
Para ello, además del levantamiento de las restricciones a la compra minorista de divisas y el bloqueo a la remisión de utilidades por parte de empresas, hubo que barrer otros elementos: el fundamental, las retenciones, que establecían un tipo de cambio diferencial y más bajo para la exportación (y por ende, para la fijación del precio interno) de las principales materias primas alimenticias. Luego de ello, la producción de maíz y la producción de tornillos operan en el mismo marco cambiario, y por consiguiente cuentan con la misma protección para-arancelaria: ninguna. Una no lo necesita por ser ultra-competitiva en términos internacionales. Pero con la otra no ocurre lo mismo.
Su declinación está asegurada. Y es, además, algo buscado en el marco conceptual en que se maneja la CEOcracia: eliminar las actividades no competitivas (pesada herencia del populismo) como paso previo a la generación de “empleo de calidad”. Así fue que el tipo de cambio se estabilizó en el orden provisto por una mecánica financiera. Los ingresos y egresos de divisas al país determinan la robustez de la oferta de dólares en relación a la demanda, y en su interacción definen (la intervención del BCRA es limitada, tendiente a desaparecer) el valor “adecuado” del dólar (leyendo la totalidad del texto tal vez podamos descubrir adecuado para qué. O para quiénes).
Para ello el Banco Central, si bien intenta no operar mucho en la plaza cambiaria en sí, tiene una participación decisiva en la fijación de las tasas de interés. Las elevadas tasas en pesos, aparte de ser un obstáculo insalvable para la actividad interna, son un polo de atracción para la administración financiera especulativa y el arbitrio con dólares y pesos. Además de darles ganancias estrafalarias a los bancos, puede que invoquen el ingreso de capitales especulativos que en el interín hacen su aporte a la estabilización del mercado cambiario. Otro elemento que opera en este objetivo de cubrir el déficit de balanza comercial es el endeudamiento. El público, de los distintos sectores (financiero, no-financiero, nacional o provinciales), y el privado. Esta vía ha hecho ya el “patriótico” aporte de alrededor de 50 mil millones de dólares en lo que va del año. La fuga de divisas empresarial ya quedó cubierta gracias a este monto. Es decir, la dolarización de las ganancias empresariales se financia con deuda que en buena parte tomamos (y pagaremos) entre todos.
Para lograr todo esto, la primera etapa se basó en lo que fue una mega-devaluación. Y no lo decimos nada más que por el comportamiento del valor oficial del dólar, sino por el tránsito que esta variación tuvo a la economía real. Los precios de los bienes transables se dispararon fuertemente, en relación directa con el aumento en el valor del dólar, sumado a otros condimentos como la inercia inflacionaria que ya se venía viviendo. Los no transables, en cambio, se retrasaron un poco más.Es necesario aclararlo: el trabajo es un bien no transable. Por ende, su precio, el salario, avanzó notablemente menos que el de los transables, como (pongámosle) el pan, la leche o la carne.
Este hecho, el de los aumentos derivados de la mega-devaluación, nos abre la puerta para hablar de la segunda etapa del plan económico: la modificación de los precios relativos de la economía.
Toda esta dinámica dio por resultado un esquema según el cual el crecimiento de los precios de algunos bienes superó ampliamente al de otros. Para establecer una nueva relación entre los mismos. Así, un salario mínimo equivale hoy a menos canastas básicas que hace nueve meses. Los aumentos en los precios de los servicios públicos son un pendiente que queda de esta etapa, aunque hubo cambios que ya no se vuelven para atrás. Resta ahora que el Gobierno encuentre la forma de conformar a las empresas con aumentos a un ritmo menor al que prometieron en principio para la tarifa domiciliaria del gas (y tal vez también de la luz). Los años sucesivos veremos que las tarifas se comportarán en forma contracíclica, aumentando por encima del promedio de la inflación.
Pero esto solamente en el tramo de consumo de la luz y el gas como bienes finales. En el tramo en que se utilizan como insumo, los valores ya quedaron oficializados más altos. Lo cual no quiere decir que no sufran nuevos aumentos en el futuro (sí lo harán). Pero el impacto fuerte sobre la competitividad industrial ya lo llevaron a cabo, con malas noticias para nuestras Pymes.
Lo que marca que el objetivo de esta etapa está cumplido es que el aumento del costo de vida, tal la expectativa del gobierno nacional, se va moderando. Sin embargo, obviamente, la idea oficial es bajarlo más todavía. Y para ello insistirán con las políticas monetarias y cambiarias de estos últimos meses (tasas espectacularmente altas, bajando a un ritmo muy lento, y dólar ahora sí estable y por lo tanto abaratándose). Intentarán sumar lo que hasta ahora fue un fracaso: la reducción del gasto público. Eliminación de subsidios, más reducciones de programas y exoneración de empleados, y tal vez alguna que otra privatización se contarán entre los medios explorados para alcanzar tal fin.
De todos modos, los efectos anti-inflacionarios de la política fiscal no son fácilmente identificables: lo que ocurrió hasta ahora es que hubo reducción real módica del gasto, pero fue mayor la reducción de los ingresos fiscales, de manera tal que el déficit creció, aunque fue cubierto con endeudamiento con el sector privado en una buena proporción, lo que libró al Banco Central de tener que transferir más plata al fisco. En este intrincado panorama, es esperable que el Gobierno intente mayores reducciones, al tiempo que opere modificaciones en la matriz impositiva de corte seguramente regresivas como las que hasta aquí operó. Para cuando, con todo esto, la inflación (ese aumento nominal y parejo de todos los precios de la economía) vaya declinando (es decir, aumentando menos) empezaremos a ver ya un plan económico en funciones plenas: con dólar estable, valorización financiera, auge de la importación, tasa de retorno garantizada para las inversiones en sectores tradicionales o elegidos por el Gobierno, estabilización de precios, pérdida de empleo, deterioro del aparato productivo no tradicional y solvencia del déficit comercial y de la fuga de divisas con ingreso de capitales especulativos y endeudamiento externo.
Para la etapa de consolidación del esquema, podemos esperar entonces un ascenso importante del desempleo como tema central. En línea con este viraje del centro de gravitación de nuestra economía: desde sectores productivos (no altamente competitivos) hacia otros rentísticos.
Al menos, es lo que nos sugiere a todos, incluido Alfonso Prat-Gay, la famosa Curva de Phillips.