El peronista Carlos Verna, gobernador de La Pampa, anunciará en las próximas horas que su provincia se baja del pacto fiscal propuesto por el Gobierno. Lo hará con críticas a los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda) y, así, se suma al rechazo de San Luis.
El mandatario provincial había supeditado su firma al programa, que incluye un paquete de beneficios económicos pero también una serie de obligaciones financieras, al pago por parte del Estado de 431 millones de pesos, algo que no ocurrió. Desde Casa Rosada, y ante la consulta de Infobae, sostienen que se trata de una cuestión «política» y que Verna «busca diferenciarse».
Por afuera del pacto fiscal, La Pampa puede continuar su reclamo judicial por estos fondos, que tienen origen en la coparticipación federal, algo contrario a una de las condiciones que había puesto la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para retirar la millonaria demanda en la Corte Suprema de Justicia nacional de la Nación por la restitución del Fondo del Conurbano, que podía afectar directamente a las arcas provinciales.
El 16 de noviembre del año pasado, el Gobierno celebró un pacto fiscal con los gobernadores -La Pampa incluida-, al que no adhirió sólo la provincia de San Luis. Ese convenio definió que la provincia de Buenos Aires recibiera 20 mil millones de pesos el año pasado y que le giren 40 mil millones este año.
Más allá de Buenos Aires, la decisión de Verna implica, además, que La Pampa deje de percibir este año 575 millones de pesos en concepto del Fondo Federal Solidario y por la compensación que habría significado renunciar a una demanda judicial.
Con la firma del pacto fiscal, las provincias se comprometieron -entre otros puntos- a aprobar una ley de Responsabilidad Fiscal, por la cual aprobarán y adherirán a la propuesta de mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años. También, a desistir de las demandas contra el gobierno nacional ($340.000 millones del conjunto de las
provincias y $400.000 millones de Buenos Aires por desactualización del Fondo del Conurbano Bonaerense).
Además, el gobierno nacional se comprometió a financiar los déficits de las cajas previsionales, a través de un régimen de anticipos automáticos, sobre la base de los desequilibrios del año anterior, actualizable trimestralmente por inflación.
Al momento de no suscribir al pacto fiscal, el vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce, explicó que el que más «perdía» con el programa era su provincia. Según indicó el funcionario, San Luis tiene dos juicios con sentencia firme, que representan alrededor de $18 mil millones, y otros sin sentencia que en total, representan cerca de $32 mil millones y comparó la
situación con la provincia de Buenos Aires: «María Eugenia Vidal se llevó el 100% de lo que ella reclamaba, fueron los más beneficiados».
