En el marco de una sesión especial, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) emitió un comunicado (RESOLUCIÓN C.S. N°: 439/2020) en el que manifiesta “su más amplio repudio ante las medidas tomadas por el gobierno municipal de Avellaneda” al apropiarse de la Sede Riachuelo, destinada desde 2012 a su Departamento de Ambiente y Turismo.
Se trata del Edificio Beatriz Mendoza, sobre el cual, con fecha 5 de diciembre de 2012, se firmó entre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Municipalidad de Avellaneda el Protocolo Complementario al Acuerdo Marco para la Coordinación de Acciones Correspondientes al Plan de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, cuya cláusula primera expresa: “que en dicho edificio funcionará la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Avellaneda”. El mismo documento contempla la construcción de 17 aulas, un laboratorio ambiental, una biblioteca y un laboratorio de ambiente y física.
Además, el comunicado destaca que en diciembre de 2016, en el edificio se celebró la 49° Sesión Ordinaria del Consejo Superior de la UNDAV y que el 10 de abril de 2017 fue inaugurado por el Intendente, junto a autoridades de la Municipalidad, el Rector y diferentes autoridades de la Universidad.
“A pesar de los reiterados reclamos institucionales, nunca recibimos respuesta del Sr. Intendente para que nos informe acerca de la fecha de entrega de la parte del edificio que estaba destinado a la Sede de Ambiente y Turismo como establece el convenio mencionado”, señala un pasaje del comunicado. Y prosigue: “Hoy vemos con asombro y malestar que desde nuestra ciudad pretenden dejarnos sin un espacio vital para el funcionamiento y desarrollo de las carreras del Depto. de Ciencias Ambientales, cuyos alcances, que implican el uso de laboratorios y su vinculación con la preservación del ambiente, se contemplaron en los ejes constitutivos de nuestra universidad, en momentos en los que se plantean urgentes necesidades edilicias vinculadas al contexto de pandemia por COVID-19, para poder establecer cuidados sanitarios específicos para nuestra Comunidad Universitaria”.
Hacia el final del documento, el Consejo Superior declara “el estado de alerta” y “queda a la espera de una respuesta urgente que transmita tranquilidad a la comunidad universitaria, en particular, y a la comunidad toda, en general”, a la mayor brevedad.