Lapidario informe de la CONADU sobre la situación de la educación

n informe elaborado por el IEC-CONADU sobre la base de datos disponibles en la SPU y Ministerio de Hacienda, visualiza un proceso de desfinanciamiento a las universidades públicas, desde 2016, con la consecuente paralización de programas para asegurar el derecho a la educación.

“La política del gobierno de la Alianza Cambiemos para las universidades nacionales se visualiza en primera instancia en un proceso de desfinanciamiento que se produce deliberadamente desde el inicio del año 2016. -señala el informe.

“La sub-ejecución presupuestaria, la ejecución tardía de partidas, y los recortes provocaron la paralización de una serie de programas necesarios para asegurar el derecho a la educación y la democratización del sistema universitario.”

Desfinanciamiento

“La inversión nacional en las universidades nacionales, que creció de manera sostenida en la década anterior (de 0,55% en 2006 a 0,86% en 2015), disminuyó a 0,79% en 2016 (el nivel más bajo desde 2011) en relación con un PBI que decreció un 2,3% en términos reales.

Todavía no hay datos definitivos de la inversión universitaria y del PBI 2017, pero de confirmarse una posible recuperación parcial de la caída sufrida en 2016, ella se explicaría mayormente por la paritaria docente universitaria que alcanzó un piso (25/26,5%) superior a las previsiones iniciales planteadas en el presupuesto 2017 (17%).”

Subejecución

“El nivel de ejecución de las Transferencias Nacionales a las universidades nacionales durante el año 2016 y 2017 (provisorio) fue el más bajo del período 2007/2017. Esto significa que quedaron sin ejecutar $700 millones destinados al sector en 2016, y $738 millones en 2017.

Los ministerios que más sub-ejecutaron el presupuesto universitario fueron los Ministerios de Educación (que dejó sin ejecutar más de $518 millones), de Desarrollo Social ($ 37,2 millones), Ministerio de Trabajo ($37,2 millones) y Ministerio de Modernización ($36,2 millones).

Durante todo el año 2016 hubo atrasos en los pagos a las universidades nacionales, obstaculizándose el normal desenvolvimiento de las actividades. Durante el primer semestre los Programas de Desarrollo Universitario estuvieron totalmente desfinanciados, recién en el segundo semestre comenzaron a ejecutarse algunas partidas, pero más del 60% de los fondos se ejecutaron entre noviembre y diciembre (19,2% en noviembre, y 42,6% en diciembre), con el consiguiente perjuicio para el normal desarrollo de las actividades que dependían de ese financiamiento.

Durante el año 2017 se siguieron manifestando las mismas tendencias observadas durante 2016: una con centración del gasto en los salarios , y bajos niveles de ejecución en el presupuesto asociado con los programas de desarrollo universitario-FUNDAR (89,3% devengado y 66,3% pagado en 2017 y contra un devengado de la totalidad del crédito y un pagado de 47% en 2016) y del Financiamiento de las Actividades de Investigación de los Docentes Universitarios: 91,6% (Devengado) y 57% (Pagado) en 2017. Cabe aclarar, además, que en 2017 se incluyó una actividad denominada “Desarrollo de Proyectos Especiales” con un presupuesto de 250 millones de pesos, cuya ejecución fue de sólo 8,2% durante el primer semestre y que a fin de año había devengado solo un 83,9%.

También es muy fuerte la sub-ejecución en las partidas destinadas a financiar los hospitales universitarios (74,2% de devengado de los cuales se pagó solamente 79,9%).

Si miramos la inversión de la SPU a lo largo del 2017, se puede observar que durante el primer semestre los programas de Desarrollo Universitario estuvieron desfinanciados, y que recién durante el segundo semestre se ejecutaron el 78% de las partidas del presupuesto 2017 para este fin (más del 33% entre noviembre y diciembre). Además, el 40% del presupuesto ejecutado no se pagó efectivamente durante 2017 quedando como deuda a saldar en 2018.”

Estos son sólo algunos de los aspectos que analiza el informe que invitamos a leerlo completo acá

(*) Fuente: Conadu

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