Recientemente, Sergio Palazzo desbancó a los principales líderes sindicales y pasó a convertirse en la amenaza número uno del Gobierno, tras hacerle frente a iniciativas clave para el macrismo.
Entre ellas la reforma a las jubilaciones del Banco Provincia (Bapro) y la intención oficial de fijar una pauta salarial no superior al 15%, que sirva de referencia para el resto de la economía en el 2018.
Las medidas lanzadas por el líder de la Asociación Bancaria hasta llegaron a interrumpir, días atrás, el servicio en todos los bancos del país durante las últimas dos horas de atención.
Fue para exigir la apertura de las paritarias en la actividad, en una actitud que contrasta con la parálisis de la CGT.
La central obrera está envuelta en una crisis interna tras su fallido paro en rechazo de la reforma previsional, y que deja en un segundo plano al camionero Moyano, concentrado en la gestión junto a su padre del club Independiente y en la resolución de la crisis en OCA.
Al igual que Moyano, el mendocino de cepa radical detenta su cuota de poder: lidera un gremio compacto, de salarios superiores a los $25.000 y con casi 110.000 afiliados.
Asimismo, encabeza la Corriente Federal de Trabajadores, bajo la cual se agrupan medio centenar de sindicatos vinculados al kirchnerismo y que, desde allí, presionan para catapultarlo como el futuro titular de la CGT.
La misma ambición que el camionero, hoy secretario gremial de la central obrera, con la diferencia que ahora Palazzo pasó a capitalizar el rol de sindicalista «duro».
La gobernadora María Eugenia Vidal fue testigo de su capacidad de daño. En una acción inédita, el bancario paralizó el BaPro por tres días para rechazar la ley sancionada por la legislatura bonaerense que eleva la edad jubilatoria de los empleados de 57 a 65 años.
La protesta fue de tal magnitud que, por primera vez en años, contó con la adhesión de la plana gerencial de la entidad encabezada por Juan Curuchet. Incluso, hubo que abastecer de urgencia cajeros en algunos municipios.
El sindicalista viene de rechazar la oferta salarial para el 2018. En su gremio estiman una inflación del 20% y exigen un bono a cuenta hasta marzo.
La paritaria bancaria esconde una puja de fondo: con el guiño oficial, las entidades exigen la introducción cláusulas de productividad, con la mira puesta en la jornada laboral, la incorporación de nuevas tecnologías y la reducción de sus plantillas en una de las actividades que más se modernizó en el último tiempo, de la mano de los cajeros automáticos y el homebanking.
Justamente, la «flexibilidad» fue clave para destrabar la negociación en el sector aéreo. Pero Palazzo se opone de manera tajante a modificar el convenio.
En respuesta a las medidas de fuerza, el Gobierno dictó dos conciliaciones obligatorias -una por la discusión salarial y la otra por el conflicto en el Bapro- y hasta amenazó con quitarle la personería al gremio.