Por Esteban Pastoriza (*)
El actual Gobierno del Alberto Fernández está inmerso en un desafío que puede llegar a marcar su futuro como una coalición política superadora a todas las alianzas, frentes o partidos políticos que han participado de la gobernanza del país desde la transición a la democracia. Precisamente, el Frente de Todos debe mostrar un equilibrio entre las decisiones políticas a implementarse y la comunicación gubernamental de las mismas que le permita de esta forma evitar el derrumbe de cualquier programa estatal bien diseñado como consecuencia de una desatención en la explicación del modelo.
En este sentido, si se toma como premisa que toda política debe ser comunicativa (porque lo que no se comunica no se conoce, o peor aún, corre el riesgo de someterse a una interpretación cargada de intereses netamente individuales y nunca colectivos o sociales) es necesario remarcar que el actual Gobierno es el encargado de generar una conexión intersubjetiva que le de sustento a aquellas políticas de estado de redistribución de la riqueza que buscan acortar las distancias sociales y afirmar un modelo más justo, igualitario y equitativo. Es decir, romper con esa lógica egoísta enraizada en algunos sectores de la sociedad que emerge como consecuencia directa del desarrollo de cada proceso neoliberal implementado en el país y en donde el mayor beneficio que gestiona esta matriz política, económica y cultural no está en la propia desigualdad que genera sino en la construcción de aquel sentido común que lo sostiene.
Desde este punto de vista, hay algunas medidas impulsadas por el Frente de Todos que muestran cierta correspondencia con lo desarrollado anteriormente. En consecuencia, la sancionada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, da cuenta de un Estado que propone un cambio rotundo en la línea de pensamiento; pues frente a la meritocracia y el esfuerzo individual cambiemita, se postula el concepto de lo solidario y una construcción colectiva que permita el nacimiento de un nuevo consenso social capaz de persuadir a aquellos que miran el reciente mapa político con algo de incertidumbre.
Ahora bien, el contexto actual en el que se inscribe este proceso político no da lugar a grandes equivocaciones y es por ello que el Gobierno aspira a convocar a una serie de actores sociales y políticos que le permitan transformar esas minorías dispersas en una nueva mayoría que sea lo más estable posible. Es consecuencia, aquí reflota el postulado que afirma que una de las causas principales por la que se fusionó el binomio Fernández-Fernández fue la de generar una unidad, no solo para ganar, sino más bien para gobernar.
Lo cierto es que para superar la etapa electoral no se requiere de una comunicación totalizadora que logre acaparar a todas las conciencias sociales. Basta tan solo con poder aglutinar el número necesario de votantes que le permitan al candidato de turno ganar las elecciones. Ahora bien, ello cambia cuando se deja de ser candidato para pasar a ser Presidente, porque allí la comunicación gubernamental debe estar instrumentada de tal manera que pueda ser recibida y aceptada por la mayor cantidad de los sujetos sociales que están esperando ser los receptores de las políticas del gobierno emergente.
De esta forma, el Estado debe ocupar un rol protagónico que facilite la articulación de las demandas heterogéneas que reflotan como producto de una fragmentación social profundizada mediante el modelo neoliberal de Juntos por el Cambio y en este sentido recomponer los lazos sociales contemplando esa diversidad como inherente a la relación entre las personas pero proponiendo un modelo estatal capaz de garantizar las condiciones de igualdad y que cuestione claramente la proyección de un orden basado en el sacrificio individualista para reconfigurar el diseño de un pacto social solidario.
(*)Licenciado en Ciencia Política y Técnico Periodista Universitario. Consultor y analista político de Clivajes Consultores.