El juez Luis Arias fue destituido este miércoles luego de que el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resultara con 9 votos a favor y solo 2 en contra. El ahora exmagistrado había ganado notoriedad por sus resoluciones en contra de algunas acciones laborales y tarifarias del gobierno de María Eugenia Vidal y su investigación sobre las consecuencias de la inundación que se registró en La Plata, en 2013.
Lo cierto es que contra Arias, que se encontraba suspendido de su cargo judicial desde que comenzó a tramitarse su jury, había casi una veintena de cargos, algunos de ellos son: abuso de autoridad, irregularidades administrativas, avasallamiento del ámbito de la jurisdicción de otros magistrados, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De todas maneras, el juez había sido calificado como una suerte de opositor a la gestión de Vidal por sus resoluciones. «Las verdaderas razones por las cuales yo estoy siendo juzgado no están explícitas en este juzgado. Tienen que ver con mi intervención en materia tarifaria, en el conflicto docente y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires a quienes decretaron descuentos salariales por los días de paro estableciendo una conciliación obligatoria ilícita», afirmó Arias en su alegato.
«Hemos tratado de poner límites al Poder Ejecutivo cuando consideramos que avasallaban los derechos de los trabajadores», agregó el ahora exjuez, sobre quien pesaba el cuestionamiento sobre sus atribuciones y funciones. En tanto, Julio Conte Grand, Procurador General de la Corte, fue quien llevó adelante la acusación contra el magistrado al asegurar que habría ilegalidad en la conducta de Arias.
Vale resaltar que las causas investigadas que fueron cuestionadas son la investigación de la inundación de La Plata, donde se analizó su responsabilidad en la suspensión de los desalojos de Gorina y Abasto, donde Arias impidió su ejecución, es por eso que el procurador afirmó que el juez realizó un “avasallamiento del ámbito de la jurisdicción de otros magistrados” y una “intervención activa en política”.
Incluso, Conte Grand aseveró que el ahora desplazado magistrado “pretendió crear otro sistema que, a su juicio, mejoraba la tutela de derechos”, lo cual hubo un “flagrante desprecio al orden constitucional”. Sin embargo, ante estas acusaciones, Arias aseveró que su juzgamiento fue “por haberle requerido al fiscal (Jorge) Paolini que no oficialice el número de muertos de la inundación, ese es el principal motivo».
Lo cierto es que en lo ocurrido entre el 2 y el 3 de abril de 2013 en La Plata hubo una fuerte polémica en torno a la cantidad de fallecidos, ya que en ese entonces el gobernador Daniel Scioli y Ricardo Casal, afirmaban que eran 51 muertos, mientras que luego de la investigación de Arias se conoció que fueron 89, donde no aparecían menores.
Ante estos hechos, hubo una controversia en cuanto la competencia sobre este caso entre los fueros Penales y Contencioso Administrativo, hasta que la Suprema Corte bonaerense dispuso que la cifra de víctimas fatales era responsabilidad de lo Contencioso Administrativo y las responsabilidades políticas del área Penal.
Según relató el fiscal Paolini, en esta causa, lo realizado en esta investigación se “sentía completamente auditado por el doctor Arias”. “Lo que me pasó con el doctor (Arias), a mí no me sucedió nunca con ningún otro par de ningún fuero. Mediáticamente se erosionaba a la figuraba de la justicia Penal, en particular, sobre mi persona; parecía que ‘Paolini no quería investigar’”, destacó en su declaración.
“Yo estaba tan preocupado como él (Arias) en que no haya ningún menor fallecido, salíamos corriendo atrás de lo que declaraba en los medios de comunicación; la magnitud de la inundación fue tan grande que existía la posibilidad de fallecidos no declarados”, relató Paolini. Ahora, tras esta decisión, Arias seguirá ejerciendo en la matrícula.
Vale destacar que los votos a favor de su desplazamiento fueron de los diputados Jorge D’Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador), el diputado Walter Carusso (Cambiemos) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana), y el senador Roberto Costa (Cambiemos). Mientras que el diputado Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana) apoyaron a Arias.
Quien estuvo a cargo del jury fue el presidente de la Suprema Corte, Julio Pettigiani, y además estuvieron presentes, en representación de los abogados, Fabián Ramón González (Morón); Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora); Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro); Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín).
