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En el mediodía de ayer se conoció la noticia de que el juez federal Daniel Rafecas firmó la resolución por medio de la cual desestima la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman, entre otros, que fuera presentada por el ex fiscal Alberto Nisman y que luego recayera en el fiscal Gerardo Pollicita para su correspondiente investigación.
La noticia significó un fuerte impacto para distintos sectores del ámbito político, judicial y de la comunidad judía que esperaban un pronunciamiento adverso para el gobierno nacional. La decisión del magistrado se presenta sólida y contundente. La misma se erige alrededor de cuatro fundamentos irrebatibles.
- “El presunto delito (denunciado por el ex fiscal Nisman) nunca llegó a consumarse”. Por lo tanto, al no haber delito, no hay proceso judicial que pueda encausarse.
- “El memorándum de entendimiento con Irán nunca llegó a aplicarse”.
- El punto tres es quizás uno de los más relevantes ya que en él se sostiene que “no hay elementos que demuestren la responsabilidad de la presidenta de la Nación”. Aquí el magistrado desarticula de forma automática las múltiples y groseras operaciones políticas y judiciales que en el último tiempo tuvieron como blanco predilecto a Cristina Fernández de Kirchner.
- Las alertas rojas de Interpol siempre estuvieron vigentes.
La resolución expedida por Rafecas es fundada e indirectamente significa un duro golpe para quienes emprendieron la embestida judicial contra el gobierno nacional. Ahora, el fiscal Pollicita tiene tiempo hasta el miércoles próximo para presentar la apelación. En caso de hacerlo, la causa será derivada al fiscal Federal Germán Moldes, activo participante de la marcha de los fiscales del 18F y quien no se reserva ocasión para manifestar abiertamente su oposición al kirchnerismo.
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