La mayoría de los rectores y rectoras del sistema público de educación superior de Argentina emitieron una declaración mediante la que se expiden sobre el debate de los últimos días relacionado con el valor de la educación superior.
A continuación, se presenta su texto completo y la firma de los adherentes.
A pocos días de iniciarse en el país la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) que reunirá a miles de estudiantes, docentes, investigadores y gestores de universidades de toda América Latina y el Caribe, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires desacredita y desconoce el valor de la educación superior para nuestro pueblo, al contraponerla con la inversión en jardines de infantes. Tal actitud, entre otras cosas, deslegitima y desconoce nuestra propia historia que es la que ha motivado que dicha conferencia –que se realiza cada diez años– en esta ocasión se lleve adelante en la provincia de Córdoba.
Es que exactamente hace cien años un grupo de jóvenes estudiantes en esa provincia se revelaron frente a una casta de académicos vitalicios y al grito de “los dolores que quedan son las libertades que faltan” inició lo que se llamó la Reforma Universitaria de 1918. Tal movimiento, que se extendió a toda América latina, contribuyó a motorizar procesos de transformación social que redundaran en una ampliación de derechos, libertades y mejora de las condiciones de vida de la población. Este hecho puso la piedra fundamental para iniciar la des-elitización de la universidad pública y la construcción de una institución al servicio del bien y la transformación social, que luego se vería complementada y profundizada por la gratuidad de los estudios superiores establecida en el año 1949.
A tal punto está arraigado este pensamiento y este suceso en los universitarios de toda Latinoamérica y tal es su voluntad de avanzar en este proceso que hace diez años, en la Declaración Final de la misma CRES que se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, se plasmó que “la educación superior es un derecho humano y un bien público social”. Desde esta concepción, la universidad no es un servicio a prestar, un gasto y ni siquiera una inversión. La universidad es un derecho que debería tener cualquier ciudadano a educarse a nivel superior, adquirir herramientas para transformar su vida y aportar a tener una sociedad más justa, democrática y soberana.
La desafortunada frase de la Gobernadora ignora un proceso global irreversible: la masificación y universalización de la educación superior. Solo a modo de ejemplo podemos ver que, durante las últimas cuatro décadas, la matrícula terciaria aumentó en Iberoamérica de apenas 1,9 millones de estudiantes en 1970 a 8,4 millones en 1990 y a alrededor de 25 millones en 2011. Además, de acuerdo a la última estadística disponible (2008), el estudiantado iberoamericano representa un 13 % de la matrícula mundial, tres puntos porcentuales más que el peso relativo de la población iberoamericana a nivel global. ¿Qué tipo de inserción en el mundo quieren nuestras autoridades si deciden que vayamos en sentido opuesto, incluso, a fenómenos que se dan en nuestra región?
En el marco de este proceso, entre 2003 y 2015, se crearon en nuestro país 17 instituciones universitarias nacionales, lo que permitió que todas las provincias del país tengan al menos una universidad nacional en su territorio, y 9 de esas instituciones se crearon en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el Conurbano bonaerense. De haberse sostenido la idea de que a la universidad solo van los ricos, poco sentido hubiera tenido construir instituciones en territorios tan poblados y donde habitan hombres y mujeres que, pareciera, solo tienen derecho a ir a un jardín de infantes. Y aquí nos encontramos con otro grave desconocimiento de la realidad: resulta que en los últimos diez años, las universidades que se crearon en la provincia de Buenos Aires tienen tasas anuales de crecimiento estudiantil que van desde el 20 % hasta el 90 %. ¿Qué significaba esto si no era una demanda insatisfecha por educación superior?
No obstante, podría argumentarse que este incremento de la matrícula se reduce completamente a personas de importante poder adquisitivo. Más allá de que no consideramos mal que a nuestras universidades asistan estudiantes de estas características, esto también es absolutamente falso y se demuestra con datos de la realidad. Uno de los más elocuentes es aquel que refleja la tasa de crecimiento de la población con educación superior y universitaria según nivel de ingreso para el período 2005-2015. Los datos del INDEC (EPH) nos dicen que, en dicho período, el 20 % más pobre de la gente que vive en el Gran Buenos Aires aumentó su participación en este nivel de la educación en un 61,2 % y su tasa de graduación aumentó en casi un 20 %.
Los estudiantes en el sistema universitario público crecieron, entre 2006 y 2015, un 19,7 %. En el mismo período, la cantidad de nuevos inscritos trepó un 27 % y los egresados aumentaron un 47 %. A su vez, la brecha de participación entre estudiantes ricos y pobres en la universidad se redujo de 4 a 1 en los años 90, a 1,5 a 1 en 2014.
Pero nuestras universidades no solo otorgan derechos a quienes tienen menores posibilidades afectados por sus niveles de ingreso, sino que, también, se acerca a otros sectores que sufren desigualdades: en las universidades del Conurbano bonaerense, entre el 70 % y el 90 % de los estudiantes son primera generación de universitarios y, entre ellos, más del 60 % son mujeres y más del 40 % son mayores de 30 años. En otras palabras, en nuestras aulas están ingresando año tras año en forma masiva: i) gran cantidad de mujeres; ii) personas cuya edad en algún otro momento histórico los hubiera marginado de la educación superior; y iii) jóvenes y adultos que por su tradición familiar nunca o muy pocas veces oyeron hablar de lo que es y cómo se estudia en una universidad. Esta situación, que se repite en todas las universidades de reciente creación no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias argentinas, contribuye de manera directa al logro de una mayor igualdad social ante las oportunidades educativas en un contexto de mayores dificultades económicas y sociales para lograrlo.
La concepción de la Gobernadora sobre las universidades públicas también ignora el valor de las actividades diarias de docencia, investigación y extensión, que contribuyen a la solución de las necesidades de cada comunidad local y regional en la que se encuentran y a revitalizar la economía a través de la continua innovación científica y tecnológica, y su impacto sobre el desarrollo económico: aumento de la productividad, generación de nuevos productos y la mayor competitividad en el mercado internacional. Este fenómeno que generan las universidades públicas en la provincia de Buenos Aires y en todo el interior del país está a la vista, y basta solo recorrer y caminar verdaderamente nuestras comunidades para ver y entender el valor de lo que hacemos.
Retornando a la frase/pensamiento ya referido de la Gobernadora, entendemos que los números y datos son elocuentes y lo que están mostrando es el inicio de un proceso de reversión de una situación a la que, seguramente, se ha querido aludir: el acceso desigual a la educación superior, en particular universitaria. Consideramos que es nuestra obligación realizar todos los esfuerzos posibles para sostener la transformación de la educación superior y universitaria en un derecho humano y un bien público social realmente universal. No se va en esa dirección recortando gastos, cerrando puertas o presentando falsas dicotomías entre nuestras instituciones y jardines de infantes. Se va en esa dirección si también el Estado nacional y los estados provinciales contribuyen a asegurar la permanencia y egreso de los estudiantes que provienen de hogares de bajos ingresos.
Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche
Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda
Norberto Caminoa, rector de la Universidad Nacional de Chilecito
Augusto Parmetler, rector de la Universidad Nacional de Formosa
Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento
Jaime Perczyk, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham
Rodolfo Tecchi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy
Hugo Rojas, rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Carlos de Marziani, rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Fabián Calderón, rector de la Universidad Nacional de La Rioja
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús
Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes
Javier Gortari, rector de la Universidad Nacional de Misiones
Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de Moreno
Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes
Rubén Ascua, rector de la Universidad Nacional de Rafaela
Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto
Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro
Juan Castelucci, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María
Roberto Tassara, rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Gustavo Crisafulli, rector de la Universidad Nacional del Comahue
Roberto Gallo, rector de la Universidad Nacional del Oeste
Adrian Cannellotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional
Aníbal Sattler, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos
Hernán Vigier, rector de la Universidad Provincial del Sudoeste
Walter López, vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral
Nerio Neirotti, vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús
Alfredo Alfonso, vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes
Anselmo Torres, vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro
