Por Anabella Lucardi. Abogada, Magíster en Administración y Políticas Públicas. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Es cierto, la Provincia de Buenos Aires “se llenó” de universidades públicas entre 2003 y 2015. Fueron diez, para ser exactos, las instituciones universitarias que se crearon, en el contexto de la implementación de un conjunto de políticas públicas orientadas a democratizar la universidad, que posibilitaron el efectivo ejercicio del derecho a la educación superior universitaria por parte de un conjunto mayor de personas que hasta ese momento se encontraban excluidas del ejercicio de ese derecho.
Lo que se omite en los discursos oficiales es que, efectivamente, la creación de universidades impactó positivamente en la ampliación de la matrícula universitaria a partir de la incorporación de estudiantes pertenecientes a los quintiles de menores ingresos. Quiero ser enfática en ello: los nuevos estudiantes que forman parte de la matrícula de las universidades creadas en el conurbano bonaerense, forman parte de un universo poblacional de jóvenes que de otra manera no hubiera podido acceder a la educación superior universitaria. La habitual referencia a los estudiantes de las universidades de reciente creación como de “primera generación de universitarios en sus familias” no es casual y tiene sustento real.
Nuestra investigación analizó un conjunto de estadísticas oficiales que revelan tasas de crecimiento interanual de la cantidad de estudiantes y de nuevos inscriptos considerablemente mayores en las universidades nuevas de la Provincia de Buenos Aires que en la totalidad del sistema universitario y un incremento muy superior de la población estudiantil que asiste a las universidades públicas creadas durante los tres períodos de gobierno del kircherismo en el conurbano bonaerense en relación con el incremento de la población estudiantil que asiste a las universidades que conforman el resto del sistema universitario para el mismo período. Asimismo, diversos estudios relevados -elaborados por el Observatorio Educativo de la UNIPE y por el Centro de Estudios Políticos Económicos y Sociales (CEPECS)- muestran que se produjo una disminución en la desigualdad en el acceso a la educación superior, reflejada en el incremento de la cantidad de estudiantes universitarios de la región bonaerense pertenecientes a los quintiles de menores ingresos y en la reducción de la brecha en relación con el porcentaje de personas que asisten a la universidad entre los distritos del GBA más y menos favorecidos económicamente, y que coinciden con los sitios de emplazamiento de las nuevas universidades.
A las universidades creadas en la Provincia de Buenos Aires por la gestión anterior, cuyas prioridades la Gobernadora Vidal considera equivocadas, asisten efectivamente jóvenes que probablemente hayan nacido en familias pobres, pero que gracias al despliegue de políticas públicas por parte del Estado Nacional, entre las que se encuentra la creación de universidades nacionales en los distritos más densamente poblados del conurbano bonaerense, pudieron “llegar a la universidad”, están estudiando y en muchos casos ya graduándose en ella.
Desde luego, que dichas circunstancias, es decir, que quién nace en la pobreza pueda llegar a la universidad, no son resultado de una casualidad del destino, ni incluso -en forma exclusiva- del esfuerzo personal, sino que resultaron posibles gracias a la implementación de un conjunto de políticas públicas orientadas a la democratización de la universidad y a la inversión presupuestaria necesaria para sostenerlas, dos cosas que desde la asunción en 2015 del presidente Mauricio Macri, no son prioritarias para este gobierno.
Como docente e investigadora universitaria que trabaja en una universidad del conurbano bonaerense me preocupan las palabras de la Gobernadora Vidal porque que no son casuales: el acuerdo con el FMI vendrá lamentablemente acompañado de una política de fuerte ajuste para el sector educativo, algo que como argentinos vivimos en la década de los noventa. Retroceder en materia de educación, ciencia y tecnología implica renunciar a nuestro crecimiento con soberanía.
