El dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó, se declara a favor de confirmar la medida cautelar que suspendió los aumentos en las tarifas de luz para la provincia de Buenos Aires.
La falta de audiencia pública restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores, sostiene la funcionaria judicial en el documento.
El dictamen hizo hincapié en el carácter provisorio de la medida, cuyo plazo se limita a tres meses desde el otorgamiento -vence el 7 de octubre- y en las presentaciones realizadas por otros actores en la causa y en distintos expedientes referidos al mismo tema.
Por otro lado el escrito oficial explicó que «a los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el ENRE, quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores».
