La Provincia avanzará con dos medidas contra los seis gremios que protagonizaron los paros: En el día de hoy les llegará una notificación con la demanda para quitarles la personería gremial y, en 15 días, se les impondrá una multa de más de $300 millones por realizar una huelga a pesar de que se había dictado la conciliación obligatoria. Se trata de dos decisiones que prometen ser parte de un conflicto que, según les anticipó a sus asesores la gobernadora, María Eugenia Vidal, será largo y podría durar meses.
Así, mientras Vidal analiza si participará en la nueva convocatoria que realizará la Gobernación a los sindicatos, las dos medidas seguirán su curso. En el caso de las multas, en dos semanas el Ministerio de Trabajo bonaerense que conduce Marcelo Villegas terminará los estudios técnicos recolectando la información para determinar con exactitud cuántos docentes adhirieron a las medidas. A partir de allí se calcula el monto de las multas en función del salario mínimo, vital y móvil: entre el 50% y el 2.000% de un sueldo mínimo por cada trabajador que haya adherido a la medida de fuerza, esté afiliado o no.
En este marco, los sindicatos deberían abonar la millonaria cifra de acuerdo con los porcentajes de representación que tienen en la paritaria. Por caso, Suteba, con Roberto Baradel a la cabeza, tiene un 46% bajo su mando. En otras palabras, la Gobernación buscará aplicar una multa de, al menos, $ 138 millones sólo para Suteba. Una vez que se disponen las sanciones económicas, se notifica a los gremios, que tienen posibilidad de hacer un descargo. Lo más probable es que todo termine en manos de la Justicia.
También avanza, a nivel nacional, la demanda que la Provincia inició ante el Ministerio de Trabajo nacional para quitarles la personería gremial. Mañana llegarán a las sedes gremiales las notificaciones para que realicen su descargo. Como si se tratase de un juicio, habrá audiencias, convocadas por el Ministerio de Trabajo, donde las partes acompañan sus pruebas y documentos.
Hace diez días se presentaron seis demandas, una por cada gremio. «Las medidas afectaron el inicio del ciclo lectivo encontrándose comprometida la paz social por la vulneración del derecho a la educación”, detallaba la carta. Además, plantea que se lesiona «el derecho de los niños” y cita la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica. En otro tramo, se explica que «la medida fue abusiva del derecho e ilícita, violentando la paz social, lo que justifica plenamente la presente petición de suspensión de la personería gremial».
