En medio de la discusión por el Presupuesto 2019, casi una treintena de jefes comunales justicialistas se juntaron con legisladores de la oposición para manifestar su descontento y preocupación. Advierten por la eliminación de la tarifa social y el transporte y rechazaron el ajuste propuesto a las administraciones comunales.
Casi treinta intendentes peronistas de la Provincia desembarcaron en la Legislatura para manifestar su rechazo a la decisión del Gobierno bonaerense de transferir la tarifa social y el subsidio al transporte a las arcas municipales.
La postura fue marcada durante una reunión con legisladores de Unidad Ciudadana y PJ – Unidad y Renovación en el marco de la discusión por el Presupuesto 2019, que contó con la exposición de los ministros Santiago López Medrano y Andrés Scarsi, de Desarrollo Social y Salud, respectivamente.
En un comunicado, señalaron que «los intendentes representamos la voz y el sentir de millones de bonaerenses y gestionamos para aportarles soluciones. Por eso, solicitamos a las autoridades que revean el presupuesto porque de ninguna manera vamos a acompañar un proyecto como éste que atenta contra la calidad institucional y consolida un modelo de Estado que se ausenta frente a las necesidades justas, elementales y urgentes de los vecinos y vecinas de la Provincia».
«Los Intendentes peronistas nos oponemos al proyecto de presupuesto 2019 presentado por el gobierno de la Provincia y exigimos su reformulación, porque entendemos que no sólo establece recortes inadmisibles en áreas clave, sino que es una intromisión en la autonomía de los Municipios y pone en riesgo la representación institucional», añadieron.
Además, consideraron que «el ajuste propuesto por Cambiemos a nivel provincial sigue la misma lógica del gobierno nacional: un presupuesto que no resuelve el déficit, sino que lo terceriza. La Nación hace que lo absorban las provincias y Buenos Aires, los Municipios. El presupuesto provincial contempla ajustes en casi todas las partidas que tienen que ver con el bienestar de la comunidad, no llegando a cubrir el valor nominal más inflación del año en curso en la inmensa mayoría de las áreas. Lo que el gobierno llama gasto público son derechos esenciales. Pero no sólo eso, sino que además de recortar recursos fundamentales para la salud, la educación y la seguridad, limitan las herramientas de financiamiento con las que contamos los Municipios. Es decir: nos transfieren los problemas pero no los recursos para hacernos cargo y resolverlos».
Los jefes comunales peronistas explicaron que «la gente vota a los intendentes para que gobiernen los Municipios. ¿Cómo vamos a hacerlo si tenemos cada vez menos recursos y más trabas para hacerlo? Es por este motivo que nos oponemos a que las Comunas se deban hacer cargo de los subsidios al CEAMSE y al transporte, al igual que del subsidio a la tarifa social. En este caso, los Municipios desconocemos el monto de la misma, ya que los beneficiarios son determinados por el gobierno provincial. Como lógica consecuencia, rechazamos el tope para el aumento de las tasas municipales, ya que la disposición lesiona aún más la autonomía en un escenario de absorción de obligaciones sin precedentes».
Además, reclamaron por un aumento en la coparticipación: «Tomando en cuenta el crecimiento en las responsabilidades que el gobierno de la Provincia nos deriva, nuestro reclamo es llevar del 16,14% al 20% el porcentaje referido al reparto de la recaudación impositiva correspondiente».
También se refirieron a los aumentos en la energía, señalando que «el sistema productivo y de servicios y el propio Estado, en especial los Municipios, que deben hacerse cargo del alumbrado público íntimamente relacionado con un plan de seguridad y el consumo de los hospitales municipales».
Finlamente, expresaron que «el gobierno bonaerense invierte únicamente el 1% de los recursos con los que cuenta en concepto del Fondo Educativo en infraestructura. En un contexto de Emergencia educativa como el que está atravesando nuestra Provincia, donde para millones de alumnos, alumnas y docentes bonaerenses ir a la escuela representa un riesgo en sí mismo por el mal estado de los establecimientos, los intendentes le solicitamos a la gobernadora que destine el 50% del Fondo para realizar obras que mejoren la realidad edilicia de nuestros colegios, tal como se nos exige y hacemos los Municipios. A su vez, las Comunas requerimos poder disponer parte de los recursos que se nos asignan para educación formal, educación informal, cultura, ciencia y tecnología. Asimismo, reclamamos que se constituya un Fondo de Seguridad y un Fondo de Infraestructura Social, cuya distribución sea estipulada según el CUD (Coeficiente Único de Distribución) entre los Municipios durante los primeros 8 meses del año».
Quienes se hicieron presente en la Legislatura son Juan Zabaleta (Hurligham); Juan Ustarroz (Mercedes); Gustavo Menedez (Merlo); Osvaldo Caffaro (Zárate); Francisco “Paco” Durañona (San Antonio de Areco); Martin Insaurralde (Lomas de Zamora); Andres Watson (Florencio Varela); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Fernando Gray (Esteban Echeverría); y Hernan Yzurieta (Punta Indio).
Además, estuvieron Mario Secco (Ensenada); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Gustavo Arrieta (Cañuelas); Pablo Zurro (Pehuajó); Juan De Jesus (La Costa); Héctor Olivera (Tordillo); Francisco Etcharren (Castelli); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Hugo Corvatta (Saavedra); Roberto Álvarez (Tres Lomas); Alejandro Acerbo (Daireaux); Alfredo Fisher (Laprida); Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves); Hernan Ralinqueo (25 de Mayo); y Jose Luis Horna (Roque Pérez)
En tanto, si bien no pudieron estar presentes, los intendentes de Salto y Guaminí enviaron a representantes de sus gobiernos.
Los jefes comunales no quieren saber nada con absorber los subsidios a la tarifa social de energía eléctrica y la especial para asentamientos. Se trata de una masa de recursos de más de $8.000 millones, con fuerte incidencia en las arcas municipales.
Con el proyecto enviado, la Provincia transfiere, además, subsidios al transporte automotor de las líneas internas ($2.450 millones) y los subsidios por la disposición de residuos en la planta de la Ceamse ($2.534 millones), que tienen impacto en el área Metropolitana.
