Por Ondina Fraga: Plenarista del Consejo de Derechos de niños Niñas y Adolescentes -CABA
El Ministerio de Justicia de la Nación presentó a través de su página web un proyecto de Ley de sistema de Responsabilidad Penal Juvenil con el que impulsa una baja a 15 años en la edad de punibilidad, amplía facultades policiales quedando el adolescente 24 hs sin ponerlo a disposición del juez (con la posibilidad de extender este plazo otras 24 hs mas), estipula también penas de hasta 15 años de prisión para los y las adolescentes, equipara a las penas de los adultos para los de 16 y 17 años de edad, y le devuelve al Juez facultades tutelares (de protección de derechos). Todas estas cuestiones son una verdadera involución, un retroceso de los derechos de los y las adolescentes, en contra de todas las recomendaciones de los organismos internacionales y profesionales especializados en la materia.
El proyecto de ley está cargado de bochornosas falacias, tales como confundir punibilidad con imputabilidad, y desconocimiento de los diversos dispositivos e intervenciones no punibles que cada jurisdicción tiene con respecto a les adolescentes menores de 16 años, levantando la bandera del castigo y punición en una agenda de mano dura de puro efecto electoral. Demagogia punitiva.
Pretendiendo cierta “modernidad” desconoce que el paradigma del encierro ha sucumbido ante otro paradigma, el de reparación y restitución de derechos.
Unicef Argentina ha declarado que “… Es sumamente importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales. Para esto se requiere un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativa, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito. En Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Es necesario encontrar un abordaje para la justicia juvenil que no afecte los derechos consagrados en los tratados internacionales que son parte de la Constitución Argentina. Existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad…”.
En el medio de un brutal ajuste estatal que recorta programas y políticas orientadas o de impacto sobre este sector etario se deslumbran los fríos números: el 48% niñas, niños y adolescentes es pobre en Argentina (6,3 millones) y un 33,8 % debe asistir a un comedor escolar o barrial para alimentarse.
Ni que decir cuando se la observa con una mirada de perspectiva de género, algo que el proyecto de ley no contempla. Se sabe que la situación carcelaria actual está en estado de emergencia por el sobre hacinamiento y la pérdida de todo sentido de dignidad. En este sentido la situación de las mujeres es mucho peor que la de los varones. Se ha estudiado el doble castigo que reciben las mujeres por parte del sistema de justicia, por haber violado la ley y las normas patriarcales correspondientes al ser femenino. El 55% de ellas tuvo su primer hijo antes de los 18 años, y tienen mayores índices de desempleo que los hombres. El 38 % fue privada de su libertad por tráfico de drogas. Ni que decir respecto del impacto en sus hogares detrás de los muros carcelarios.
Esta situación se torna más compleja aun si pensamos en las adolescentes, dada la alta fragilidad de las que integran los sectores populares La situación de vulnerabilidad es aún mayor, no solo por la procedencia de hogares en su mayoría violentos, también por la carga relativa que las adolescentes tienen en sus hogares. Dada la división del trabajo patriarcal, suelen ser co-organizadoras de sus hogares, ya que de modo “natural” se les asigna las funciones de cuidado. Sin duda, todos los adolescentes perderán derechos, pero esa pérdida redundará en mayores retrocesos para los conjuntos familiares tratándose de las adolescentes.
