Vallejos pide hasta diez años de prisión para funcionarios públicos

La economista y legisladora del Frente para la Victoria – PJ, Fernanda Vallejos presentará esta semana un proyecto de ley contra la “corrupción estructural”, tal como lo había anticipado cuando se presentó como precandidata a primera diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa prevé penas de entre 3 y hasta 10 años de prisión para aquellos funcionarios públicos que omitan en la declaración jurada su participación en sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales, como lo hizo el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien jamás aclaró a la Oficina Anticorrupción que fue “dueño indirecto” y mantuvo el control, hasta diez días antes de asumir en su actual cargo, de Noctua Partners, una administradora de fondos radicada en las Islas Caimán.

Entre las personas alcanzadas por esta iniciativa se incluye a los precandidatos a elecciones primarias, los candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales y a todos los funcionarios comprendidos en la ley de Ética Pública; desde el Presidente y vicepresidente de la Nación hasta los senadores y diputados pasando por los jueces, el Defensor del Pueblo de la Nación, el Jefe de Gabinete, los ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo, los interventores federales, los síndicos de la Auditoría General de la Nación y otros entes reguladores, los miembros del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento, embajadores, cónsules, personal de las fuerzas de seguridad con jerarquía no menor de coronel o equivalente, entre otros.

En uno de los artículos, el anteproyecto de Vallejos limita la posibilidad de ejercer la función pública a “aquellas personas que sean propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes que tengan tributación favorecida. Y a los directivos que posean vínculos económicos con sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes”.

El 12 de abril del año pasado, el presidente Mauricio Macri anunció la constitución de un fideicomiso “ciego” que supuestamente tiene a cargo la administración de su patrimonio.

La propuesta de Vallejos está en sintonía con la presentación que hizo la semana última pasada la senadora nacional y ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El anteproyecto de ley prevé la creación de una “Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento de los conflictos de intereses vinculados a jurisdicciones de tributación favorecida”, con el fin de que el propio Poder Legislativo se involucre de lleno en la lucha contra la corrupción estructural off shore.

La economista advierte en los fundamentos del proyecto que “la recurrencia de la aparición de funcionarios vinculados a escándalos en paraísos fiscales, nos conduce a inducir que no se trata de algunos casos puntuales sino de una práctica que, así como los especialistas internacionales en la materia definen que caracteriza la conducta de los actores vinculados al poder económico a escala global, es propia de este gobierno como un todo, en tanto sus funcionarios son, antes que actores políticos, empresarios y CEOs”. La legisladora señala también que “estas prácticas hacen factibles hechos de corrupción, permitiendo que la ruta del dinero no pueda ser rastreada y por lo tanto facilitando el lavado de activos”.

El problema de los paraísos fiscales constituye una preocupación para políticos y especialistas en criminalidad económica en diversas latitudes del globo. Se trata de países con bajísima o nula carga de impuestos para quienes depositan su dinero en cuentas bancarias o constituyen sociedades en esos territorios laxos o nulos en el control del lavado de dinero; otra característica central de estos países es el SECRETO BANCARIO; todas concesiones absolutamente convenientes para quiénes tienen dinero negro y quieren vivir en su país sin pagar impuestos o quieren evitar ser controlados por sus capitales de origen espúreo.

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