El rol de la represión en la política económica

Existen básicamente dos grandes tendencias de opinión sobre la posibilidad de que las próximas manifestaciones masivas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires sean reprimidas violentamente por las fuerzas policiales. Por un lado, quienes creen que a partir de las jornadas de diciembre del año pasado, la regla será la intervención policial directa; por el otro, quienes creen que se trató de un suceso específico y seguirá siendo un “último recurso” cuando se vean jaqueadas las instituciones, como en el caso en cuestión lo fue el Congreso Nacional.

Por nuestra parte, creemos que no se trata ni de una nueva regla general, ni tampoco de un hecho aislado, y que la represión del conflicto social, va más allá de una concepción respecto de la mejor manera de garantizar el orden público, sino que tiene, a partir de las nuevas consideraciones del equipo económico sobre el rumbo de sus políticas, un rol jerarquizado que cumplir en la política económica del gobierno nacional.

Desde el comienzo de su gestión, el equipo económico del Gobierno Nacional ha planteado como eje central de su política, la necesidad de implementar un programa fuerte de combate a la inflación parado sobre cinco ejes: la implementación de una política monetaria restrictiva, la retracción de la inversión pública, la distribución regresiva del ingreso, la apertura gradual del comercio exterior, y luego del llamado “sinceramiento” devaluatorio, el mantenimiento de un dólar apreciado para evitar el traslado a precios que implica el aumento del dólar.

El primer año de gestión tuvo como objetivo fundamental un reacomodo de los precios relativos de la economía en sentido funcional al nuevo modelo económico: se liberaron las tarifas de los servicios públicos, se golpeó fuertemente a los sectores de ingresos fijos (salarios, jubilaciones, y asignaciones), se eliminó el control de cambios a la par que se llevó a cabo una fuerte devaluación de la moneda, y se modificó cualitativamente el déficit fiscal, recortando erogaciones, pero también recortando ingresos ligados a los sectores que hoy resultan más dinámicos de la economía: retenciones a la exportación de bienes primarios, y algunas manufacturas de origen agropecuario como el aceite o el biodiesel.

El resultado estanflacionario de las políticas implementadas, en un contexto en el que se registra un 0% de crecimiento promedio del Producto Bruto (en la mejor de las estimaciones), y una inflación que no logra ubicarse en los niveles deseados, sumado a la crisis fiscal en la que se ve sumergido el Banco Central por los compromisos de deuda privada asumidos, y el deterioro en las reservas genuinas que implicó la anulación de derechos de exportación, el costo del sostenimiento del tipo de cambio, y el déficit en la balanza comercial, implica la necesidad de un replanteo para la gestión económica.

En la conferencia de prensa del equipo económico realizada el 28 de diciembre, se señaló a “las expectativas” como principal responsable del “éxito relativo” (lease fracaso) del programa antiinflacionario. Tener expectativas en el avance de un síntoma, resulta ser el reverso de la falta de expectativas en la buena salud, y la inflación, es quizá, el más sobrevalorado indicador de ciertos desequilibrios en la estructura económica. Lo no señalado pero implícito en la visión oficial, resulta ser el excesivo peso de los salarios en la estructura de costos interna.

Esto es lo que se juega el gobierno en los próximos meses: su plan de estabilización, que, a diferencia de otras etapas históricas, no busca controlar precios y salarios, sino simplemente salarios.

De este modo, no tenemos un cambio de diagnóstico, sino una profundización del rumbo, con algunos ajustes técnicos. La esperanza profesada a modo de mantra en los discursos oficiales, se manifiesta de forma explícita, en una esperanza de alcanzar sus objetivos de política económica echando aún más mano del ajuste salarial y el recorte en el poder adquisitivo de los ingresos.

En definitiva el equipo económico busca quebrar las expectativas inflacionarias a través de tres instrumentos:

– El establecimiento de metas de inflación fijas: se sostiene que de seguir implementando metas “entre bandas”, los actores económicos se comportan tomando como válido el extremo más alto. Revisadas las metas interanuales, quedó fijada la meta para este año en el 15%.

– La eliminación de las “cláusulas gatillo”, puesto que en la concepción del Gobierno, implica que los actores económicos se desenvuelvan como si el año terminara en Agosto, dejando un fuerte margen de imprevisibilidad para el último trimestre, y acelerando el ritmo inflacionario.

– El disciplinamiento sindical, y la represión callejera, en tanto y en cuanto, necesitan demostrarle a los formadores de precios que cuentan con la fuerza necesaria para garantizar el recorte de salarios/costos, prenda de confianza necesaria para exigirles el cumplimiento de las metas establecidas.

En un contexto en el que ningún sector de la economía crece en sus ventas, el replanteo de la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo resulta ser la principal herramienta para expandir la tasa de ganancia de los distintos sectores de la economía. Además, se tratar de un replanteo necesario para poder acceder a créditos del Fondo Monetario Internacional, quién hasta ahora, no ha sido requerido para aportar divisas a una economía argentina cada vez más dependiente del financiamiento internacional.

Esto es lo que se juega el gobierno en los próximos meses: su plan de estabilización, que, a diferencia de otras etapas históricas, no busca controlar precios y salarios, sino simplemente salarios.

La forma en la que se desenvuelvan las negociaciones salariales en los diferentes sectores marcarán la viabilidad o no de poder llevarlo adelante, y con ella, la carta que el gobierno pretende hacer valer para controlar aquello que ha fijado como el principal indicador de su desenvolvimiento económico: la inflación.

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Federico Putaro

Federico Putaro. Abogado. Maestrando en Economía Política.

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