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La Presidenta en cadena nacional el día de ayer anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que establece la disolución de la Secretaría de Inteligencia, con la consiguiente creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Dicha AFI estará a cargo de un Director y un Subdirector General elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional con el acuerdo del Senado. Estos dos funcionarios serán la única vía de acceso a la Agencia. El texto del proyecto que será enviado esta semana al Congreso, dispone que la actividad de inteligencia esté centrada en la recolección de pruebas sobre hechos que signifiquen riesgo a la seguridad de la Nación y sus habitantes.
¿Qué hechos implicarían el riesgo mencionado? Ataques externos (narcotráfico, ciberdelitos, delitos económicos y financieros, terrorismo) y actividades de inteligencia interna (delitos complejos).
Esta AFI tendrá un marco fijado por ley para que lleven a cabo sus actividades, el cual deberá adecuarse a la Constitución Nacional y a toda ley de Derechos Humanos. Será además un organismo general, pero ya no tendrá a cargo el sistema de Observaciones Judiciales (OJ, conocido comúnmente como “Ojota”), es decir el sistema de escuchas. El mismo pasará a la órbita del Ministerio Público Fiscal, “porque es el único sistema extra poder”.
Por otro lado, se crean bancos de protección de datos y archivos. Dicha información va a ser confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías. Siendo su finalidad guardar y archivar la información, pero también destruir la que no sirva, quedando prohibido reservar datos en razón de la religión, raza, militancia política, sindical o laboral.
Por último, se contemplarán penalidades de 3 a 10 años (no serán penas excarcelables) a todo el que intercepte conversaciones telefónicas o de cualquier otro tipo. La Oficina de Investigaciones Criminales que hoy responde al Ministerio de Seguridad será transferido a la AFI.
Se establece un plazo no prorrogable que no podrá ser mayor a 90 días para entrar en vigencia.
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