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El fiscal Alberto Nisman deberá concurrir el día de mañana al Congreso de la Nación a brindar un informe acerca de su gravísima denuncia contra la Presidenta y el canciller por el caso AMIA, ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
Al respecto, Raúl Kollman, en su artículo de Página12, grafica de una manera clara lo que le espera a Nisman allí. Dicho artículo comienza explayando que “El fiscal sostiene que se pactó la impunidad de los sospechosos iraníes a través de la creación de una pista falsa en la que se le atribuiría el ataque a ´fachos locales´; se pactó el levantamiento de las señales rojas y luego un acuerdo de intercambio económico de petróleo iraní por granos argentinos. El fiscal tendrá un problema grave para explicar mañana: ninguna de esas cosas ocurrió”.
Con respecto al levantamiento de las señales rojas de Interpol, Timerman ya exhibió la carta enviada a dicho organismo dos semanas después de haberse firmado el memorándum, donde le clarifica a Ronald Noble, Secretario General de Interpol hasta el año pasado, indicando que la firma del memorándum no implicaba cambio alguno en lo que respecta a dichas señales rojas.
En lo relativo a la pista que atribuye el ataque a ´fachos locales´, Nisman asegura que la intención de esto es deslindar responsabilidad a la pista iraní. De ser esto así, el fiscal deberá explicar las razones de no haberle informado debidamente de la existencia de esta pista al juez que entiende en esta causa, Rodolfo Canicoba Corral.
Además, Nisman deberá dar cuenta de por que continúa sosteniendo enfáticamente el planteamiento esbozado anteriormente por sectores políticos opositores, de que se realizó un acuerdo de intercambio económico de petróleo iraní por granos argentinos. La realidad desmiente rotundamente la existencia de acuerdo alguno.
Además, debe contestar por que afirma que Timerman pacto con el Canciller iraní la impunidad de los iraníes, tomando en cuenta un supuesto documento, inexistente por otro lado, que dice haber visto el difunto José Eliaschev. También, como pudo ser posible que en la SI que manejaba Stiusso a su antojo operaron supuestos agentes proiraníes, los cuales se desconoce su identidad, cosa que no impidió al fiscal afirmar que respondían a la presidenta.
Por último, el fiscal debe contestar por que considera que un documento votado por el Congreso, en cumplimiento de las atribuciones que la Constitución le otorga, constituye un delito.
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